Defensoría del Pueblo de la Nación

El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad

La Directiva se implementará paulatinamente, entre 2027 y 2029, en función del tamaño y el volumen de operaciones de las empresas.

El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad

El instrumento introduce obligaciones para las grandes empresas en relación con los impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos y el ambiente, estableciendo las responsabilidades derivadas de estas obligaciones. Las disposiciones afectan no sólo a las operaciones de las empresas, sino también a las actividades de sus filiales y a las de sus socios comerciales a lo largo de toda su cadena de suministro.

Las empresas alcanzadas por la nueva regulación tendrán que adoptar e implementar un sistema basado en el riesgo para supervisar, prevenir o reparar los daños a los derechos humanos o al ambiente identificados por la directiva.

En este sentido se establece la obligación para las empresas de garantizar el respeto de los derechos humanos y las obligaciones ambientales a lo largo de su cadena de operaciones.

Si se identifica una violación de estas obligaciones, las empresas tendrán que tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar, poner fin o minimizar los impactos negativos derivados de sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales en su cadena de actividades, pudiendo ser consideradas responsables por los daños causados y debiendo garantizar su reparación integral.

Asimismo, se prevé que las empresas alcanzadas por la normativa adopten e implementen un plan de transición climática, en línea con las exigencias del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Desde el Programa de Empresas y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación continuaremos promoviendo y protegiendo el marco de empresas y derechos humanos, asistiendo a titulares de derechos y partes interesadas, impulsando mejores prácticas y políticas públicas y facilitando apoyo técnico al sector privado para avanzar en las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo económico sostenible e inclusivo de nuestro país.

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