Defensoría del Pueblo de la Nación

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó a Migraciones facilitar los trámites a los inmigrantes venezolanos que necesitan regularizar su situación

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al titular de la Dirección Nacional de Migraciones que articule los medios necesarios para facilitar los trámites a los inmigrantes venezolanos que necesitan regularizar su situación.

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó a Migraciones facilitar los trámites a los inmigrantes venezolanos que necesitan regularizar su situación

En la recomendación se pide dar intervención a los actores que correspondan, a fin de encontrar una solución para los ciudadanos mayores de edad de la República Bolivariana de Venezuela, que hayan ingresado legalmente a nuestro país y en la actualidad no cuenten con documentación válida y vigente que acredite su identidad jurídica que les permita gestionar y obtener la solicitud de residencia en nuestro país.

La Defensoría nacional inició una investigación de oficio con el fin de indagar sobre las dificultades que planteaban ciudadanos venezolanos para acceder a la actualización de su pasaporte, certificado de nacionalidad o cédula de identidad de su país de origen, estando en territorio argentino, máxime en aquellos que habían ingresado a la Argentina bajo el amparo de las Disposiciones Nº 520/19 “Programa Especial para Migrantes Venezolanos" y Nº 1891/21 “Régimen Especial de Regularización para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Venezolanos, las cuales permitían el ingreso con documentación vencida o eximiéndolos de alguna otra exigida por la Ley de Migraciones Nº 25.871.

En ese marco, se realizó la correspondiente consulta a la Cónsul de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina a fin de verificar el procedimiento y costos de la actualización de la documentación que acredita identidad de sus connacionales.

La misma respondió que hace tres años esa sede consular no emite Certificado de Nacionalidad, el cual contaba con una duración de 6 meses y señaló que, en el caso de menores, extienden una constancia gratuita que acredita identidad, aclarando que se emite al solo efecto de que sus padres se comprometan a regularizar la documentación a la mayor brevedad posible.

Finalmente, indicó que no cuentan con exención de pago para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y que la Cédula de Identidad Venezolana se extiende gratuitamente pero sólo se gestiona en dicho país.

De la información recabada, se advierten dos obstáculos que impiden acreditar identidad a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela que poseen su documentación vencida y deben actualizar la misma desde nuestro país: por un lado, el costo que conlleva la renovación del pasaporte y la imposibilidad de acceder a éste de manera gratuita, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica; por otro lado, la imposibilidad de gestionar desde nuestro país la emisión de su cédula de identidad venezolana (por ejemplo, en el caso de extravío o vencimiento), como así también, la imposibilidad de acceder, los mayores de edad, a un certificado de nacionalidad emitido por su embajada.

Por lo aquí expuesto, se advierte la imposibilidad que tienen los ciudadanos venezolanos para poder tramitar desde nuestro país, de manera eficiente y a un costo accesible, documentación vigente que acredite su identidad, la cual dificulta el otorgamiento de la residencia solicitada pudiendo acarrear la permanencia irregular de dichos ciudadanos en nuestro territorio.

Esta circunstancia se ve acentuada y agravada en los casos de ciudadanos venezolanos, mayores de edad, que han ingresado a la Argentina bajo el amparo de la Disposición Nº520/19, dado que a través de la misma se les autorizó el ingreso al país portando Cédula de Identidad o Pasaporte vencidos, pudiendo iniciar con dicha documentación la solicitud de residencia.

Si bien cualquier medida tendiente a favorecer la regularización migratoria, a través de un programa especial dirigido a una población específica, es celebrada, debe proyectarse teniendo en cuenta las dificultades reales que atraviesa esa comunidad, en el caso planteado, vinculadas a la imposibilidad de hacerse de aquella documentación que, en su momento, fuera eximida de presentar.

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