La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
El Subsecretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel, firmó un Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, representado por su Presidenta, Ana Carolina Rameri, con el fin de potenciar la promoción, cultura, defensa y protección de los Derechos Humanos.
22 de diciembre de 2021
De la reunión también participaron la Secretaria del Instituto, Maria Eva Koutsovitis y el Coordinador del mismo, Claudio Lozano (ex diputado nacional, hoy Director del Banco Nación) y Carlos Scally, del Area de Grupos Vulnerables de la Defensoría nacional.
El presente convenio se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17 de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil.
De esta manera se contribuye al fortalecimiento y promoción de la Institución Constitucional del Defensor del Pueblo de la Nación y del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sobre la base del respeto mutuo y comunidad de finalidades.
El mencionado Programa de Cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones:
1. Asistencia recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de las Partes promoviendo, a este fin, el intercambio de información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés.
2. Diseño de proyectos que permitan a las partes trabajar en red sobre temas de interés común, en especial en asistir y defender los derechos y la seguridad ciudadana y, en especial la de niños, niñas y adolescentes.
3. Diseño de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales, provinciales y municipales de protección de los derechos e intereses comunes a las partes.
4. Promoción de la legislación y las prácticas nacionales y provinciales, en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para lograr su efectiva aplicación.
A efectos del cumplimiento de las acciones mencionadas, las Partes acuerdan:
1. Establecer grupos de trabajo interinstitucionales, y cuando sea necesario, reuniones regionales (presenciales o virtuales) que faciliten el cumplimiento del objeto de este convenio.
2. Ceder, cuando sea necesario y en lo posible, en forma gratuita espacio físico y apoyo logístico en cada una de las sedes de las Partes para facilitar la resolución de las cuestiones propias de su competencia y para promover un intercambio más efectivo en el cumplimiento de las finalidades institucionales.
3. Difundir en forma periódica material de interés para las Partes.