La Defensoría del Pueblo de la Nación adhiere al pedido formulado por el Procurador Penitenciario para solicitar que se definan criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria.
La Defensoría nacional adhiere al pedido formulado por el Procurador Penitenciario a la Cámara Federal de Casación Penal e insta a que se ahonde en lo previsto las Acordadas 2 y 3 de 2020.
11 de abril de 2020
Siguiendo las recomendaciones oportunamente emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de evitar la propagación del COVID-19 en los centros penitenciarios, el Procurador Penitenciario de la Nación solicitó a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal que se definan criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria.
En tal sentido, se requirió al tribunal que recomiende a los jueces penales la consideración de medidas alternativas a la prisión para adultos mayores, mujeres embarazadas o madres alojadas con niñas y niños, así como para personas en prisión preventiva por delitos leves o no violentos, entre otros supuestos.
