La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en la Audiencia Pública de Gas
En su presentación, la Defensoría del Pueblo de la Nación expuso que se desconoce “si la factura final que deberán abonar los usuarios resultará razonable” y solicitó que respete “el principio constitucional de razonabilidad y previsibilidad exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
13 de marzo de 2017
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“Tal como señalamos en las recientes Audiencias Públicas, para garantizar el acceso al servicio público de gas, las tarifas deben ser asequibles, es decir que el precio debe considerar la capacidad de pago de los usuarios y los pagos no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes esenciales como alimentos, vivienda, educación o salud” destacó la Dra. Mariana Grosso, Jefa del Area de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría.
“El suministro de gas natural resulta ser un servicio esencial, y el Estado como titular del servicio público debe arbitrar todos los medios necesarios para garantizar su accesibilidad y asequibilidad”, agregó.
La Defensoría nacional dijo que “los incrementos tarifarios, en una importante cantidad de usuarios, pueden colocarlos al borde de la exclusión del servicio, en atención a los elevados costos que deberán afrontar. La mayor afectación se observa en los usuarios que residen en aquellas regiones del país que se hallan expuestas a condiciones climáticas extremas”.
En cuanto a los umbrales de consumo de las distintas regiones del país, la Defensoría expresó que “resulta prioritario resolver la modificación de los mismos, atendiendo especialmente a las condiciones climáticas extremas. Ello debe definirse de manera inmediata, de manera tal de hacer los umbrales de consumo más justos y, en definitiva, que reflejen la realidad de cada zona del país”.
En cuanto a la tarifa social, si bien se modificaron los criterios de aplicación de dicha tarifa, consideramos que debe también incorporarse a aquellos usuarios que cuenten con certificación negativa de la ANSES.
Cabe destacar que todo lo expuesto había sido presentado anteriormente al ENARGAS, para ser incorporado al expediente de la audiencia pública. Dentro de esta presentación se solicitó el tope de incremento en la factura final, que fue posteriormente adoptado por el Ministerio de Energía de la Nación.