Defensoría del Pueblo de la Nación

Una vez más, esta Defensoría del Pueblo de la Nación exhorta a las administraciones provinciales y municipales sobre la necesaria comunión que debe existir entre las medidas adoptadas en protección de la vida y las personas en su inherente dignidad.

Insistimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos declara a la persona como inescindible de su dignidad. No se trata de conceptos distintos susceptibles de gradación en más o en menos del uno sobre el otro, según interpretaciones que pudieren hacerse de algunas circunstancias, sino que se trata de una sola conceptualización, que en modo alguno puede ser dislocada.

Si bien parecería difícil mantener esa comunión, no lo es si ponemos la mira en la razonabilidad. Es que la razonabilidad es el punto de confluencia entre las medidas de restricción y de permisión que posibiliten un sano equilibrio entre la vida y la persona, entendida, ésta, con la dignidad que le es inherente.

Ahora bien, en los inicios de la actual pandemia se adoptó una cuarentena con claro fin protectorio de la vida como modo de posibilitar el ejercicio de todos los derechos en su plenitud, una vez alejado el peligro o el colapso del sistema de salud. Seguidamente, durante su transcurso, se dispusieron distintas medidas que se fueron modificando a la luz del desarrollo de la enfermedad y, por eso, podríamos calificarlas sintéticamente como restrictivas y permisivas.

Así, bien podríamos preguntarnos si es posible disponer, como medida restrictiva, el aislamiento social preventivo y obligatorio de las personas sin afectar su dignidad. Entendemos que la respuesta es afirmativa en tanto ese aislamiento no implique un sometimiento absoluto a la voluntad de otro, otros o del Estado, o que reniegue de aspectos también indisolubles que hacen a toda persona.

Y de esa manera ocurrió. Sin embargo, poco después comenzamos a advertir una suerte de indiferenciación de las reglas, de formalismos rígidos y rebuscados; una suerte de manierismos que perdían de vista la protección de la vida, de la persona y su dignidad.

Tal el caso de imposibilitar el último adiós a un ser querido; no permitir el tránsito a un centro de diagnóstico o tratamiento de complejidad, hallándose, éste, en otra jurisdicción administrativa de nuestro país.

Y hay muchos más que asombran como impedir que choferes de camiones que transportan artículos de primera necesidad y hasta inclusive test y medicamentos para diagnosticar y tratar el Covid-19, puedan bajar de sus vehículos para satisfacer primarias necesidades fisiológicas, quedando “virtualmente” secuestrados ante el panorama de tener que traspasar provincias enteras, a veces con fajas de clausura en sus rodados, para arribar a alguna jurisdicción que se los permita.

Estas medidas han perdido de vista el sentido protectorio de la vida, como de las personas y su dignidad. Tan solo, son demostrativas de la ineficacia en la gestión de las autoridades municipales o provinciales de que se trate porque, ante su impericia para garantizar un tránsito de vehículos adecuado, con paradas seguras, etc., y sin riesgos, recurren a herramientas reñidas con el derecho convencional e interno vigente.

Y, peor aún, son productoras de riesgo para esos choferes por cuanto los obligan a cubrir extensos trayectos sin pausa, en esas condiciones infrahumanas lo cual aumenta la posibilidad de accidentes, con un riesgo adicional: poner en peligro la integridad y la vida quienes transitan esas rutas, en vehículos de menor porte y por tanto más vulnerables.

De allí que, en estos últimos casos, se afecta la dignidad de los choferes y se pone en riesgo su integridad y su vida como la de quienes por allí circulan.

¿Esto es razonable?

Igual pregunta nos formularnos sobre las permisiones: aperturas que se han dispuesto con protocolos, es cierto, pero sin el acompañamiento de la administración para incentivar el debido distanciamiento social. No es desconocido para nadie que la pandemia nos ha sumido en cierto ostracismo que, aunque haya salvado vidas, ha generado depresión y hasta cierto hartazgo. De allí las aglomeraciones, las colas de diez o más personas una detrás de la otra, a centímetros nada más.

Tampoco aquí media razonabilidad, máxime cuando existieron aperturas o flexibilizaciones anteriores que, en sus inicios, siempre dieron lugar a la falta de distanciamiento social.

Insistimos que el Estado dispone, en todos los niveles, de las herramientas necesarias para prevenir y proteger la salud, acudiendo a la razonabilidad para que los mecanismos restrictivos o permisivos no se transformen en la negación de la persona misma y en tragedia.