Defensoría del Pueblo de la Nación

En el día de la fecha y a pedido del GANHRI, el Dr. Böckel fue el orador de un evento abierto a todos los Estados, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas para la implementación de la Agenda 2030.

Este encuentro fue un pedido expreso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar las experiencias, lecciones y prácticas de las INDH y desarrollar estrategias de promoción, protección, cooperación y cultura organizacional de las INDH.

El Instituto Danés de Derechos Humanos presentó un documento con el fin de contribuir al intercambio de experiencias, buenas prácticas y gestión del conocimiento con y entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDHs) en América Latina en relación con la Agenda 2030.

El mismo constituye una recopilación de algunas buenas prácticas sobre cómo las INDH pueden apoyar la implementación de los ODS a nivel de país, desde una perspectiva de Derechos Humanos, enfocado en los casos de Argentina, México y Costa Rica.

Entre las buenas prácticas se destacaron diferentes trabajos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina como:

• Se asesoró a la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) con el objeto de que en los pliegos de una licitación internacional para la prospección geológica, exploración y factibilización de un proyecto minero (extracción de litio) se incluya la claúsula de respeto a los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
• El MONITOREO INTEGRADO DE DERECHOS HUMANOS Y ODS, donde se desarrolló un documento sobre la vinculación del Examen Periódico Universal (EPU) y los ODS y el lanzamiento de un buscador de los documentos de las Naciones Unidas relacionados con los ODS (https://ods- dpn.gob.ar/), para facilitar a todas las personas el acceso a la información sobre el progreso de la implementación de la Agenda 2030.
• La creación del Programa de Seguimiento y Evaluación de los ODS y la Agenda 2030, donde la institución cuenta con áreas temáticas y oficinas específicas que realizan investigaciones destinadas a conocer las políticas públicas que se llevarán a cabo para cumplir una meta determinada.
• La actuación relacionada con el ODS 5 (Igualdad de Género), donde se recomendó “promover la elaboración de protocolos de actuación que contemplen los criterios de intervención y sensibilización de las autoridades cualquiera fuere su ámbito, tanto público como privado, para abordar las cuestiones que se suscitan en el trabajo en relación con la violencia de género” y se donde se invitó a que los tres Poderes del Estado, nacional y provinciales, incluidos sus entes autárquicos u organismos descentralizados, a que dicten una reglamentación específica al respecto.
• La creación del Observatorio de Femicidios, que ha sido mencionado como un ejemplo de buena práctica por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. El Observatorio tiene la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar y comunicar estadísticas detalladas sobre femicidios ocurridos en Argentina e incluso analizar estos casos para detectar las deficiencias o lagunas en la protección con miras a mejorar la legislación pertinente a su aplicación y contribuyendo tanto a la implementación como al monitoreo del ODS 5 sobre igualdad de género. Esta práctica motivó que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el curso del corriente año, suscribiese un convenio con la Defensoría en cuyo marco se lanzó una nueva versión del observatorio integrado, esto es, realizado con participación mutua, compartiendo las distintas fuentes de datos y discusión de aquellos casos que presentaban algún tipo de dudas en cuanto a su calificación.
• La actuación vinculada al ODS 16 (16.9) que apuntó al problema de la población no registrada e indocumentada. A raíz de esta situación la Defensoría recomendó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que para el CENSO 2020 incluyera dentro del Formulario Censal una pregunta que pudiera visibilizar la cantidad de personas que aún hoy siguen sin estar registradas y documentadas en el país. El INDEC respondió de manera positiva e incluyó una pregunta en esto sentido en el cuestionario Población correspondiente a la “Primera Prueba Piloto” del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020 realizada en 2017.

En el encuentro se destacó especialmente el asesoramiento de la Defensoría del Pueblo Argentina a la empresa estatal JEMSE para que incluya la claúsula de respeto a los Principios Rectores de las Naciones Unidas porque a partir de esta recomendación se abarcaría a toda la provincia argentina de Jujuy.

“Pareciera que es una medida de naturaleza práctica y de aplicación directa que ejecuta individualmente una INDH, cumpliendo varios objetivos de la Agenda 2030 sin requerir la intervención del Estado Nacional”, dijeron representantes del GANHRI, pidiendo además todos los antecedentes del caso para replicar la experiencia.