II Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Provincia de Santiago del Estero
17 de marzo de 2004
Anexo 2
Anexo 3 Delegación del Defensor del Pueblo de la Nación: Sr. Ricardo Scoles, Dra. Mariana Becerra, Dra. Carla Sialle, Sr. Raúl Smeriglio
I. Introducción
En el marco del Convenio celebrado entre el Defensor del Pueblo de la Nación y el Obispado de la Provincia de Santiago del Estero, funcionarios de la Defensoría se hicieron presentes los días 16, 17, 18 y 19 del corriente mes, a los fines de continuar con el seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en dicha provincia.
A tal fin, se mantuvieron entrevistas con la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, la Pastoral Social, el movimiento Gerardo Sueldo, las Madres del Dolor y con Representantes Eclesiásticos de Las Termas de Río Hondo, Clodomira, La Banda y del departamento Pellegrini.
Asimismo, durante éstos días funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación, en la sede del Obispado, estuvieron recibiendo a los ciudadanos de diversas localidades que se hicieron presentes en el lugar a los fines de poner en conocimiento de las autoridades nacionales la situación real en la que se encuentran miles de santiagueños.
Sin perjuicio de ello, y en virtud de la importancia de algunas temáticas denunciadas, los funcionarios nacionales se trasladaron a localidades como Quimilil, Pozo Cavado, La Banda, entre otras, para tomar contacto directo con los ciudadanos afectados y mantener entrevistas con las autoridades del lugar.
A continuación, se analizan algunas de las situaciones relevantes observadas, sin perjuicio,de muchas otras, denunciadas en el anterior informe y que obran en las actuaciones que tramitan ante esta Institución.
II.- Temáticas
II.1.- Derecho a la Vivienda
a) Acceso
Vecinos de las ciudades de la Banda y Capital, se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a quienes informaron respecto de la problemática por el que atraviesan desde hace varios años, ya que a pesar de haber cumplimentado los requisitos exigidos para acceder a una vivienda digna, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) no se las habría otorgado .
Alrededor de unas 30 familias , muchas de ellas con numerosos hijos, se encuentran desde hace más de 5 años en la espera de que el IPVU les otorgue una vivienda, a pesar de los diferentes reclamos y ante la indiferencia de las autoridades, este grupo de personas junto con funcionarios de las Defensorías provinciales realizaron un relevamiento en los Barrios de La Banda y Capital denunciando la existencia de viviendas deshabitadas y el listado de adjudicatarios que no cumplirían los requisitos requeridos; ya sea por tratarse de personas menores de edad, o personas sin hijos, solteras, o propietarias de algún inmueble.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se hicieron presentes en el Barrio La Textil, en la ciudad de La Banda, donde se constató la existencia de 32 viviendas en óptimas condiciones que se encuentran desde hace 9 años deshabitadas. Del diálogo sostenido con algunas familias del lugar, surge indignación, ya que tales viviendas se están deteriorando por falta de mantenimiento y ocupación, cuando es conocida la realidad de familias enteras que esperan la entrega de un techo digno para vivir.
b) Irregularidades
Durante la reunión Interbarrial realizadaen el Barrio San Carlos de La Banda con más de 27 representantes barriales, se denunciaron situacionesde presiones y manipulación por parte de los punteros políticos, ya que sinaval de algún político llegar a obtener la adjudicación de una vivienda se torna en una situación prácticamente imposible.
Asimismo, se dieron a conocer irregularidades tales como: haber ido a solicitar una vivienda y aparecer en la computadora como adjudicatario, cuando en realidad no se les ha entregado nada, o que de 350 DNI de adjudicatarios contrastados con el Padrón Electoral 99 correspondían a personas fallecidas o en otros casos el DNI pertenecía a otra persona o se apreciaban fallas en un sólo número del documento.
Una investigación periodísticas del diario El Liberal, publicada en el mes de julio de 2000, titulada"Los Cimientos del Poder", pone en evidencia la cadena de irregularidades y transcribe notas como la siguiente: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Solicitándole reemplazar al señor XX, DNI Nº..., por la señora XX, que viene trabajando con nosotros como secretaria de una Unidad Básica y no le conseguimos nada." Dicho escrito fue enviado por una dirigente de la Rama femenina del Barrio Sarmiento al Jefe de la Secretaría Técnica de Planes de Emergencia. Sólo en el Barrio San Martín se contabilizaron 5 de éstos casos.
Las irregularidades en las tramitaciones de adjudicación de viviendas, el manejo de la entrega de las mismas como prebendas políticas, es una situación que viene siendo denunciada por diputados, por la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, los Defensores del Pueblo de La Banda y Capital, sin hasta la fecha haber obtenido respuesta alguna por parte del gobierno.
c) Estado Material de las Viviendas
De la información presentada ante esta Institución y de la visita realizada a los Barrios San Carlos y Autonomía, surge el problema que atraviesan numerosos vecinos en sus viviendas. Rajaduras de paredes, fisuras, grietas de muros, mampostería separada, casillas de medidores de gas inclinadas, filtraciones de humedad son algunas de los inconvenientes que presentan las viviendas construidas hace pocos años.
La utilización de materiales de poca calidad, y en algunos casos también, las características del suelo hacen que estas viviendas sean de carácter precarias.(ver anexo)
d) Valuación
El promedio de las viviendas que construye el FONAVI siempre han estado en el orden de los 22.000 pesos, según informan las autoridades provinciales. Las cuotas oscilan entre los 70 y 120 pesos a pagar en 300 cuotas y se aplica un interés mensual del 3%.
Haciendo una operación matemática, una vivienda con una cuota de 120 pesos tendrá un precio final de 36.000 pesos. De los Barrios visitados ninguna de las viviendas relevadas pueden valer semejante monto, máxime cuando se tratan de viviendas económicas. (ver anexo)
Un vecino, en la reunión de la Mesa Interbarrial realizada en el Barrio San Carlos expresó que la DirecciónGeneral de Rentas le valuó su casa en 12.927 pesos, por ello, no podía creer que mensualmente se le descontara compulsivamente de su sueldo la suma de 120 pesos, hasta completar el monto final de 36.000 pesos, por una vivienda que le habrían dicho que valía 25.000 pesos.
El mayor reclamo presentado por más de 27 representantes Barriales de La Banda y Capital, que conforman a su vez la mesa Interbarrial es que se establezca el valor real de las viviendas adjudicadas, se reduzca la cuota mensual en la proporción pertinente al establecimiento del valor de la vivienda y queno sea una Institución privada (Banco Santiago del Estero) la que los intime y los presione ya que es el Estado Provincial el organismo responsable.
II.2.- Violación al derecho a la Integridad física, moral y económica
II. 2. 1 CASO QUIMILI
Hechos
Siendo las 11:30 horas del día 17 de marzo del corriente, los funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación se encontraban recepcionando denuncias en la sede del Obispado de la provincia de Santiago del Estero, cuando se recibió una llamada telefónica de la Defensoría del Pueblo de la Nación informando que la señoraStrappazzón y su hijo de 14 años, provenientes de la ciudad de Quimilí, departamento de Moreno, denunciaban la presencia de personas armadas y disparos en su domicilio.
Ante esta situación, el coordinador del área I del Defensor del Pueblo de la Nación se dirigió a la sede de la Policía Federal poniendo en conocimiento dicha situación y solicitando apoyo para concurrir al lugar. Trasladándose para Quimilí el jefe de la Policía Federal Orlando Gómez, 3 efectivos, un móvil policial, el móvil de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la señora Strappazzón junto a su hijo .
Alrededor de las 16: 30 horas aproximadamente, arribaron a la sede del MOCASE en donde el señor Angel Strappazón se reunió con su mujer y su hijo y relató lo sucedido: Al parecer siendo las 10:50 horas de la mañana del día 17 de marzo de 2004, una camioneta de color rojo con franjas plateadas se estacionó frente al domicilio del señor Strappazzón. En la misma iban cinco personas, que pertenecerían a la empresa de Seguridad Cóndor, siendo el señor Zurita el sub-director. Es este señor el que se baja de la camioneta y se acerca a la reja de la casa preguntando por el señor Strappazzón, por su esposa y por el lugar en dónde se encontraban sus hijos. En ese momento el denunciante llega a su casa, observando la presencia de Zurita quien se encontraba portando un arma corta (revolver o pistola) y sin bajarse del vehículo continúa su marcha. Al percatarse Zurita de la presencia de Strappazzón a unos dos metros, éste comienza a dispararle gritándole al resto de las personas encapuchas que lo acompañaban "disparen ahí va". Pudiendo huir de este episodio Strappazzón se dirige a la sede de la Cooperativa en donde se reune el MOCASE.
Luego de escuchar atentamente el relato, el funcionario de la Defensoría junto al Jefe de la Policía Federal acompañaron a la familia hasta su domicilio cruzándose en el camino con una camioneta Chevrolet color rojo con franjas plateadas, identificándola el señor Strappazzón como el vehículo y las personas que le habrían disparado.
Ante lo expuesto, se procedió a tomar contacto con el móvil, donde se encontraron una carabina cal.22 marca Halcón, culata de madera, patente Nº 52519-56496-64339, una escopeta cal.16 Nº 79886 culata de madera, marca centauro, otra escopeta cal.16 marca dos Leones, dos cajas de cartuchos cal.16en una cantidad general de cincuenta cartuchos. Todo este material fue secuestrado inmediatamente por el oficial de la policía federal, y las autoridades nacionales se dirigieron rumbo a la Unidad RegionalNº4.
Allí, fueron recibidos por el comisario departamental y el comisario a cargo de la Unidad regional, quienes se encontraban en ese momento, con el señor Zurita, propietario de la camioneta antes mencionada y quien habría sido señalado como el autor de los disparos horas antes. Ante las preguntas manifestadas por las autoridades nacionales respecto de si la policía local habría tomado conocimiento del intento de homicidio de una persona y la existencia de una camioneta con personas armadas, los comisarios no supieron contestar, ni dar explicaciones coherentes frente a los acontecimientos.
Cabe destacar, que según informan vecinos de la ciudad de Quimilí, el propietario del campo pagaría adicionales a la policía con fines de seguridad, asimismo, el señor Zurita se autodenomina encargado del campo, con lo cuál, no hay que ser demasiado suspicaz para entender la connivencia existente entre autoridades locales y el obrar de Zurita.
Luego, las autoridades nacionales se dirigieron al domicilio de la familia Strappazzón y se entrevistaron con la señora Claudia, quien era la persona que se encontraba en la casa cuando estas personas encapuchas y con armas comenzaron a cuestionarla.
Una vez, obtenido el testimonio las autoridades regresaron a la Unidad Regional Nº4 y redactaron un acta dejando constancia de todo lo sucedido. Copias de las mismas se elevaron al fiscal federal competente, quien tomó intervención en virtud del secuestro de las armas y cuya investigación será objeto de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación en virtud de la gravedad de los hechos. Y otra copia, fue entregada al juez de la causa que dirime el conflicto principal relativo a la posesión de la tierra, el Dr. Trejo, quien en ese momento no se encontraba en Quimilí.
Cuadro de situación.
En el escenario de situación los actores intervinientes son :
En primer lugar, el Estado, a través de sus funcionarios públicos tanto provinciales como municipales, quienes toman conocimiento de lasituación de algunos habitantes de tierras que por desconocimiento, pobreza y/o ignorancia no han cumplimentado las tramitaciones legales exigidas, pero que se encuentran en la posesión pacífica de las tierras desde hace más de 20 años y continúan con el legado de generaciones.
Estos funcionarios visualizan la oportunidad de avanzar en la venta de las tierras, actualmente cotizadas a un alto valor, sin importar ni reparar en la existencia de familias que viven desde siempre en el lugar.
El segundo actor, es el comprador, en algunos casos son de buena fe y en otros no tanto, ya que compran conociendo la existencia de los pobladores en el lugar. En estos casos, se suele pagar adicionales a la policía para mantener libre a la tierra de los campesinos, utilizando metodologías de amenaza, amedrentamiento y violencia, como en el caso de Quimilí.
El tercer actor, en este escenario es el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), recordemos que el 40% de la población total de la provincia vive en el campo, se trataría de alrededor de 28.000 familias.
El MOCASE es un movimiento que se financia a partir de subsidios y convenios con Universidades y Organizaciones no gubernamentales internacionales, con el fin de capacitar y enseñar a los campesinos el trabajo de la tierra, la explotación agropecuaria, el cuidado del medio ambiente , aporta elementos que permite concientizar y organizar a los campesinos.
Frente a los atropellos, y a la sistemática práctica de expulsión y amederentamiento, el MOCASE se presenta como el único núcleo que contiene y enfrenta esta desigual pelea. Son los que asesoran y denuncian judicialmente esta situación, los que dan a conocer y publicitan en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales la violaciones de derechos humanos en la provincia de Santiago del Estero.
Por ello, son sus integrantes los que son amenazados y perseguidos, tal es el caso del señor Strappazzón.
Es imprescindible resaltar en este escenario, la importancia que adquiere "la soja Trangénica". La expansión de la frontera agrícola liderada por la soja trangénica y acompañada por el maíz, trigo y algodón, ha generado un aumento en la valoración de las tierras y un interés de empresarios internacionales y extraprovinciales, especialmente cordobeses y santafesinos dispuestos a pagar altos precios por esta tierras.
Esto potencia la ambición desmedida de funcionarios y otros actores que participan dentro de un sistema político y social en deterioro y que utilizan los espacios del Estado para obtener beneficios y ganancias personales.
II. 2. 2.- Paraje de Pozo Cavado
Hechos
El día 18 de marzo del corriente año, funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Naciónse hicieron presentes en Pozo Cavado para tomar conocimiento de la problemática de los habitantes del lugar.
En dicha oportunidad se entrevistaron, entre otras personas, con la señora Odina López viuda de Gómez, de 84 años de edad. La señora expresa su angustiante situación ya que desde que enviudó vive con su hija mayor y sus tres nietitos, siendo el mayor de ellos de apenas 10 años de edad.
Hasta hace un año, la señora Odina contaba con 15 animales vacunos, los cuales le permitían obtener leche para alimentar a sus nietos, pero a partir del 13 de febrero de 2003 hasta agosto del mismo año, los sucesivos robos de animales a su propiedad la han dejado sin un sólo animal.
A pesar de haber realizado las denuncias pertinentes, el personal de la Comisaría seccional Novena de Policía nunca dio respuesta, lo mismo que la justicia.
Por ello, y ante este estado de desamparo, la mujer mayor solicitó ayuda para obtener un arma que le permita defenderse y resguardar su propiedad. Ante las lágrimas de su nieto que le decía: "abuela cuando sea más grande yo voy a tener un arma y no nos van a robar más…", la señora pidió una vez más que se respete su dignidad y que se proteja la vida de sus nietos.
Cuadro de situación
La situación descripta pone en evidencia la realidad de los minifundistas y propietarios de pocas hectarias y animales, que se encuentran a no más de 30 km de la ciudad de Santiago del Estero. Estas personas en muchos casos no tienen agua potable y dependen de sus amistades y contactos políticos para acceder al agua potable, de no ser así, tienen que comprarla.
Al igual que en la problemática de Quimilí, en Pozo Quemado, funcionariosde diversas esferas del Estado provincial utilizan sus contactos para facilitar la venta de los campos del lugar. Pero a diferencia de ésta, la presiones y amedrentamientos no se realizan con armas abiertamente, se utiliza una metodología más sórdida, el "abigeato".
El robo de vacas, cabras, caballos a personas humildes que las necesitan como forma de subsistencia, obliga a los pequeños minifundista a abandonar sus tierras y trasladarse a los barrios marginales de la ciudad.
III.-Conclusiones
Si se pudiera realizar un ejercicio de memoria de cómo funciona el sistema republicano y se lo sitúa en el contexto de la provincia de Santiago del Estero, sin lugar a dudas,se evidenciaría que el Estado, máximo garante de los derechos en las relaciones institucionales, sociales e individuales, produce un desequilibrio tan evidente y elocuente que el pueblo, el ciudadano y/o la gente lo percibe con una carga de tal magnitud, que solamente se puede vislumbrar estallidos sociales no queribles.
Es muy difícil, siendo una persona, parte integrante del género humano, no sentir un cachetazo a la dignidad, cuando se escucha y se percibe la realidad de los protagonistas de un infierno digno de la literatura fantástica latinoamericana.
Las situaciones y vivencias producidas durante esta última visita en comisión a la provincia de Santiago del Estero y los relatos de los protagonistas reales de esta sociedad en crisis, liberan cualquier posibilidad de llenar hojas repletas de números y artículos de leyes nacionales e internacionales referidos a los derechos del hombre.
Los hechos descriptos en este informe, elegidos entre otros tantos, como lo sucedido en la comunidad aborigen Tonocoté de Alazampa departamento de San Martín, quienes han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en virtud del atropello del cuál están siendo objeto, ya que topadoras de prepotencia y poder avanzan llevando por delante a la comunidad, avasallando su historia, cultura, identidad y el respeto por sus antepasados.
Fojas enteras resultarían escasas para ilustrar lo que cada uno de los integrantes de la comisión ha sentido y percibido frente a la realidad de miles de santiagueños.
Sólo resta por decir, que ningún órgano Institucional Argentino puede permanecer inmutable ante esta realidad que requiere hoy más que nunca de decisiones firmes y políticas claras, para evitar mayores historias de desencuentros, atropellos y dolor, que se vislumbran en un futuro próximo.
El escritor Julio Cortázar, decía lo siguiente : "El mundo ya no importa, si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero."
Anexo 3 Delegación del Defensor del Pueblo de la Nación: Sr. Ricardo Scoles, Dra. Mariana Becerra, Dra. Carla Sialle, Sr. Raúl Smeriglio
I. Introducción
En el marco del Convenio celebrado entre el Defensor del Pueblo de la Nación y el Obispado de la Provincia de Santiago del Estero, funcionarios de la Defensoría se hicieron presentes los días 16, 17, 18 y 19 del corriente mes, a los fines de continuar con el seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en dicha provincia.
A tal fin, se mantuvieron entrevistas con la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, la Pastoral Social, el movimiento Gerardo Sueldo, las Madres del Dolor y con Representantes Eclesiásticos de Las Termas de Río Hondo, Clodomira, La Banda y del departamento Pellegrini.
Asimismo, durante éstos días funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación, en la sede del Obispado, estuvieron recibiendo a los ciudadanos de diversas localidades que se hicieron presentes en el lugar a los fines de poner en conocimiento de las autoridades nacionales la situación real en la que se encuentran miles de santiagueños.
Sin perjuicio de ello, y en virtud de la importancia de algunas temáticas denunciadas, los funcionarios nacionales se trasladaron a localidades como Quimilil, Pozo Cavado, La Banda, entre otras, para tomar contacto directo con los ciudadanos afectados y mantener entrevistas con las autoridades del lugar.
A continuación, se analizan algunas de las situaciones relevantes observadas, sin perjuicio,de muchas otras, denunciadas en el anterior informe y que obran en las actuaciones que tramitan ante esta Institución.
II.- Temáticas
II.1.- Derecho a la Vivienda
a) Acceso
Vecinos de las ciudades de la Banda y Capital, se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a quienes informaron respecto de la problemática por el que atraviesan desde hace varios años, ya que a pesar de haber cumplimentado los requisitos exigidos para acceder a una vivienda digna, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) no se las habría otorgado .
Alrededor de unas 30 familias , muchas de ellas con numerosos hijos, se encuentran desde hace más de 5 años en la espera de que el IPVU les otorgue una vivienda, a pesar de los diferentes reclamos y ante la indiferencia de las autoridades, este grupo de personas junto con funcionarios de las Defensorías provinciales realizaron un relevamiento en los Barrios de La Banda y Capital denunciando la existencia de viviendas deshabitadas y el listado de adjudicatarios que no cumplirían los requisitos requeridos; ya sea por tratarse de personas menores de edad, o personas sin hijos, solteras, o propietarias de algún inmueble.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se hicieron presentes en el Barrio La Textil, en la ciudad de La Banda, donde se constató la existencia de 32 viviendas en óptimas condiciones que se encuentran desde hace 9 años deshabitadas. Del diálogo sostenido con algunas familias del lugar, surge indignación, ya que tales viviendas se están deteriorando por falta de mantenimiento y ocupación, cuando es conocida la realidad de familias enteras que esperan la entrega de un techo digno para vivir.
b) Irregularidades
Durante la reunión Interbarrial realizadaen el Barrio San Carlos de La Banda con más de 27 representantes barriales, se denunciaron situacionesde presiones y manipulación por parte de los punteros políticos, ya que sinaval de algún político llegar a obtener la adjudicación de una vivienda se torna en una situación prácticamente imposible.
Asimismo, se dieron a conocer irregularidades tales como: haber ido a solicitar una vivienda y aparecer en la computadora como adjudicatario, cuando en realidad no se les ha entregado nada, o que de 350 DNI de adjudicatarios contrastados con el Padrón Electoral 99 correspondían a personas fallecidas o en otros casos el DNI pertenecía a otra persona o se apreciaban fallas en un sólo número del documento.
Una investigación periodísticas del diario El Liberal, publicada en el mes de julio de 2000, titulada"Los Cimientos del Poder", pone en evidencia la cadena de irregularidades y transcribe notas como la siguiente: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Solicitándole reemplazar al señor XX, DNI Nº..., por la señora XX, que viene trabajando con nosotros como secretaria de una Unidad Básica y no le conseguimos nada." Dicho escrito fue enviado por una dirigente de la Rama femenina del Barrio Sarmiento al Jefe de la Secretaría Técnica de Planes de Emergencia. Sólo en el Barrio San Martín se contabilizaron 5 de éstos casos.
Las irregularidades en las tramitaciones de adjudicación de viviendas, el manejo de la entrega de las mismas como prebendas políticas, es una situación que viene siendo denunciada por diputados, por la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, los Defensores del Pueblo de La Banda y Capital, sin hasta la fecha haber obtenido respuesta alguna por parte del gobierno.
c) Estado Material de las Viviendas
De la información presentada ante esta Institución y de la visita realizada a los Barrios San Carlos y Autonomía, surge el problema que atraviesan numerosos vecinos en sus viviendas. Rajaduras de paredes, fisuras, grietas de muros, mampostería separada, casillas de medidores de gas inclinadas, filtraciones de humedad son algunas de los inconvenientes que presentan las viviendas construidas hace pocos años.
La utilización de materiales de poca calidad, y en algunos casos también, las características del suelo hacen que estas viviendas sean de carácter precarias.(ver anexo)
d) Valuación
El promedio de las viviendas que construye el FONAVI siempre han estado en el orden de los 22.000 pesos, según informan las autoridades provinciales. Las cuotas oscilan entre los 70 y 120 pesos a pagar en 300 cuotas y se aplica un interés mensual del 3%.
Haciendo una operación matemática, una vivienda con una cuota de 120 pesos tendrá un precio final de 36.000 pesos. De los Barrios visitados ninguna de las viviendas relevadas pueden valer semejante monto, máxime cuando se tratan de viviendas económicas. (ver anexo)
Un vecino, en la reunión de la Mesa Interbarrial realizada en el Barrio San Carlos expresó que la DirecciónGeneral de Rentas le valuó su casa en 12.927 pesos, por ello, no podía creer que mensualmente se le descontara compulsivamente de su sueldo la suma de 120 pesos, hasta completar el monto final de 36.000 pesos, por una vivienda que le habrían dicho que valía 25.000 pesos.
El mayor reclamo presentado por más de 27 representantes Barriales de La Banda y Capital, que conforman a su vez la mesa Interbarrial es que se establezca el valor real de las viviendas adjudicadas, se reduzca la cuota mensual en la proporción pertinente al establecimiento del valor de la vivienda y queno sea una Institución privada (Banco Santiago del Estero) la que los intime y los presione ya que es el Estado Provincial el organismo responsable.
II.2.- Violación al derecho a la Integridad física, moral y económica
II. 2. 1 CASO QUIMILI
Hechos
Siendo las 11:30 horas del día 17 de marzo del corriente, los funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación se encontraban recepcionando denuncias en la sede del Obispado de la provincia de Santiago del Estero, cuando se recibió una llamada telefónica de la Defensoría del Pueblo de la Nación informando que la señoraStrappazzón y su hijo de 14 años, provenientes de la ciudad de Quimilí, departamento de Moreno, denunciaban la presencia de personas armadas y disparos en su domicilio.
Ante esta situación, el coordinador del área I del Defensor del Pueblo de la Nación se dirigió a la sede de la Policía Federal poniendo en conocimiento dicha situación y solicitando apoyo para concurrir al lugar. Trasladándose para Quimilí el jefe de la Policía Federal Orlando Gómez, 3 efectivos, un móvil policial, el móvil de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la señora Strappazzón junto a su hijo .
Alrededor de las 16: 30 horas aproximadamente, arribaron a la sede del MOCASE en donde el señor Angel Strappazón se reunió con su mujer y su hijo y relató lo sucedido: Al parecer siendo las 10:50 horas de la mañana del día 17 de marzo de 2004, una camioneta de color rojo con franjas plateadas se estacionó frente al domicilio del señor Strappazzón. En la misma iban cinco personas, que pertenecerían a la empresa de Seguridad Cóndor, siendo el señor Zurita el sub-director. Es este señor el que se baja de la camioneta y se acerca a la reja de la casa preguntando por el señor Strappazzón, por su esposa y por el lugar en dónde se encontraban sus hijos. En ese momento el denunciante llega a su casa, observando la presencia de Zurita quien se encontraba portando un arma corta (revolver o pistola) y sin bajarse del vehículo continúa su marcha. Al percatarse Zurita de la presencia de Strappazzón a unos dos metros, éste comienza a dispararle gritándole al resto de las personas encapuchas que lo acompañaban "disparen ahí va". Pudiendo huir de este episodio Strappazzón se dirige a la sede de la Cooperativa en donde se reune el MOCASE.
Luego de escuchar atentamente el relato, el funcionario de la Defensoría junto al Jefe de la Policía Federal acompañaron a la familia hasta su domicilio cruzándose en el camino con una camioneta Chevrolet color rojo con franjas plateadas, identificándola el señor Strappazzón como el vehículo y las personas que le habrían disparado.
Ante lo expuesto, se procedió a tomar contacto con el móvil, donde se encontraron una carabina cal.22 marca Halcón, culata de madera, patente Nº 52519-56496-64339, una escopeta cal.16 Nº 79886 culata de madera, marca centauro, otra escopeta cal.16 marca dos Leones, dos cajas de cartuchos cal.16en una cantidad general de cincuenta cartuchos. Todo este material fue secuestrado inmediatamente por el oficial de la policía federal, y las autoridades nacionales se dirigieron rumbo a la Unidad RegionalNº4.
Allí, fueron recibidos por el comisario departamental y el comisario a cargo de la Unidad regional, quienes se encontraban en ese momento, con el señor Zurita, propietario de la camioneta antes mencionada y quien habría sido señalado como el autor de los disparos horas antes. Ante las preguntas manifestadas por las autoridades nacionales respecto de si la policía local habría tomado conocimiento del intento de homicidio de una persona y la existencia de una camioneta con personas armadas, los comisarios no supieron contestar, ni dar explicaciones coherentes frente a los acontecimientos.
Cabe destacar, que según informan vecinos de la ciudad de Quimilí, el propietario del campo pagaría adicionales a la policía con fines de seguridad, asimismo, el señor Zurita se autodenomina encargado del campo, con lo cuál, no hay que ser demasiado suspicaz para entender la connivencia existente entre autoridades locales y el obrar de Zurita.
Luego, las autoridades nacionales se dirigieron al domicilio de la familia Strappazzón y se entrevistaron con la señora Claudia, quien era la persona que se encontraba en la casa cuando estas personas encapuchas y con armas comenzaron a cuestionarla.
Una vez, obtenido el testimonio las autoridades regresaron a la Unidad Regional Nº4 y redactaron un acta dejando constancia de todo lo sucedido. Copias de las mismas se elevaron al fiscal federal competente, quien tomó intervención en virtud del secuestro de las armas y cuya investigación será objeto de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación en virtud de la gravedad de los hechos. Y otra copia, fue entregada al juez de la causa que dirime el conflicto principal relativo a la posesión de la tierra, el Dr. Trejo, quien en ese momento no se encontraba en Quimilí.
Cuadro de situación.
En el escenario de situación los actores intervinientes son :
En primer lugar, el Estado, a través de sus funcionarios públicos tanto provinciales como municipales, quienes toman conocimiento de lasituación de algunos habitantes de tierras que por desconocimiento, pobreza y/o ignorancia no han cumplimentado las tramitaciones legales exigidas, pero que se encuentran en la posesión pacífica de las tierras desde hace más de 20 años y continúan con el legado de generaciones.
Estos funcionarios visualizan la oportunidad de avanzar en la venta de las tierras, actualmente cotizadas a un alto valor, sin importar ni reparar en la existencia de familias que viven desde siempre en el lugar.
El segundo actor, es el comprador, en algunos casos son de buena fe y en otros no tanto, ya que compran conociendo la existencia de los pobladores en el lugar. En estos casos, se suele pagar adicionales a la policía para mantener libre a la tierra de los campesinos, utilizando metodologías de amenaza, amedrentamiento y violencia, como en el caso de Quimilí.
El tercer actor, en este escenario es el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), recordemos que el 40% de la población total de la provincia vive en el campo, se trataría de alrededor de 28.000 familias.
El MOCASE es un movimiento que se financia a partir de subsidios y convenios con Universidades y Organizaciones no gubernamentales internacionales, con el fin de capacitar y enseñar a los campesinos el trabajo de la tierra, la explotación agropecuaria, el cuidado del medio ambiente , aporta elementos que permite concientizar y organizar a los campesinos.
Frente a los atropellos, y a la sistemática práctica de expulsión y amederentamiento, el MOCASE se presenta como el único núcleo que contiene y enfrenta esta desigual pelea. Son los que asesoran y denuncian judicialmente esta situación, los que dan a conocer y publicitan en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales la violaciones de derechos humanos en la provincia de Santiago del Estero.
Por ello, son sus integrantes los que son amenazados y perseguidos, tal es el caso del señor Strappazzón.
Es imprescindible resaltar en este escenario, la importancia que adquiere "la soja Trangénica". La expansión de la frontera agrícola liderada por la soja trangénica y acompañada por el maíz, trigo y algodón, ha generado un aumento en la valoración de las tierras y un interés de empresarios internacionales y extraprovinciales, especialmente cordobeses y santafesinos dispuestos a pagar altos precios por esta tierras.
Esto potencia la ambición desmedida de funcionarios y otros actores que participan dentro de un sistema político y social en deterioro y que utilizan los espacios del Estado para obtener beneficios y ganancias personales.
II. 2. 2.- Paraje de Pozo Cavado
Hechos
El día 18 de marzo del corriente año, funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Naciónse hicieron presentes en Pozo Cavado para tomar conocimiento de la problemática de los habitantes del lugar.
En dicha oportunidad se entrevistaron, entre otras personas, con la señora Odina López viuda de Gómez, de 84 años de edad. La señora expresa su angustiante situación ya que desde que enviudó vive con su hija mayor y sus tres nietitos, siendo el mayor de ellos de apenas 10 años de edad.
Hasta hace un año, la señora Odina contaba con 15 animales vacunos, los cuales le permitían obtener leche para alimentar a sus nietos, pero a partir del 13 de febrero de 2003 hasta agosto del mismo año, los sucesivos robos de animales a su propiedad la han dejado sin un sólo animal.
A pesar de haber realizado las denuncias pertinentes, el personal de la Comisaría seccional Novena de Policía nunca dio respuesta, lo mismo que la justicia.
Por ello, y ante este estado de desamparo, la mujer mayor solicitó ayuda para obtener un arma que le permita defenderse y resguardar su propiedad. Ante las lágrimas de su nieto que le decía: "abuela cuando sea más grande yo voy a tener un arma y no nos van a robar más…", la señora pidió una vez más que se respete su dignidad y que se proteja la vida de sus nietos.
Cuadro de situación
La situación descripta pone en evidencia la realidad de los minifundistas y propietarios de pocas hectarias y animales, que se encuentran a no más de 30 km de la ciudad de Santiago del Estero. Estas personas en muchos casos no tienen agua potable y dependen de sus amistades y contactos políticos para acceder al agua potable, de no ser así, tienen que comprarla.
Al igual que en la problemática de Quimilí, en Pozo Quemado, funcionariosde diversas esferas del Estado provincial utilizan sus contactos para facilitar la venta de los campos del lugar. Pero a diferencia de ésta, la presiones y amedrentamientos no se realizan con armas abiertamente, se utiliza una metodología más sórdida, el "abigeato".
El robo de vacas, cabras, caballos a personas humildes que las necesitan como forma de subsistencia, obliga a los pequeños minifundista a abandonar sus tierras y trasladarse a los barrios marginales de la ciudad.
III.-Conclusiones
Si se pudiera realizar un ejercicio de memoria de cómo funciona el sistema republicano y se lo sitúa en el contexto de la provincia de Santiago del Estero, sin lugar a dudas,se evidenciaría que el Estado, máximo garante de los derechos en las relaciones institucionales, sociales e individuales, produce un desequilibrio tan evidente y elocuente que el pueblo, el ciudadano y/o la gente lo percibe con una carga de tal magnitud, que solamente se puede vislumbrar estallidos sociales no queribles.
Es muy difícil, siendo una persona, parte integrante del género humano, no sentir un cachetazo a la dignidad, cuando se escucha y se percibe la realidad de los protagonistas de un infierno digno de la literatura fantástica latinoamericana.
Las situaciones y vivencias producidas durante esta última visita en comisión a la provincia de Santiago del Estero y los relatos de los protagonistas reales de esta sociedad en crisis, liberan cualquier posibilidad de llenar hojas repletas de números y artículos de leyes nacionales e internacionales referidos a los derechos del hombre.
Los hechos descriptos en este informe, elegidos entre otros tantos, como lo sucedido en la comunidad aborigen Tonocoté de Alazampa departamento de San Martín, quienes han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en virtud del atropello del cuál están siendo objeto, ya que topadoras de prepotencia y poder avanzan llevando por delante a la comunidad, avasallando su historia, cultura, identidad y el respeto por sus antepasados.
Fojas enteras resultarían escasas para ilustrar lo que cada uno de los integrantes de la comisión ha sentido y percibido frente a la realidad de miles de santiagueños.
Sólo resta por decir, que ningún órgano Institucional Argentino puede permanecer inmutable ante esta realidad que requiere hoy más que nunca de decisiones firmes y políticas claras, para evitar mayores historias de desencuentros, atropellos y dolor, que se vislumbran en un futuro próximo.
El escritor Julio Cortázar, decía lo siguiente : "El mundo ya no importa, si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero."
