¿Qué es el Defensor del Pueblo de la Nación?

El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Según el artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial, y es designado y removido por el H. Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. El mismo durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Además es la única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas. Este reconocimiento fue efectuado con el status clase A, el mayor posible, por adecuarse a los Principios de París.

La figura del Ombudsman proviene del derecho escandinavo y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma constitucional de 1994.


¿Cuál es la misión del Defensor del Pueblo?

La misión del Defensor del Pueblo de la Nación es doble: por un lado, se encarga de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y, por el otro, también se ocupa del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

Para atender los reclamos, el Defensor del Pueblo de la Nación está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la investigación.

El Defensor del Pueblo de la Nación también está facultado para proponer al Poder Legislativo y a la Administración Pública la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales.

Las competencias del Defensor del Pueblo de la Nación incluyen las preventivas y las reparadoras. Por las primeras, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder. En relación a las segundas, puede hacer uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades aunque su misión primordial es la de colaborador crítico y no de litigante pues la Defensoría tiende, precisamente, a evitar los costos y las dilaciones que suponen los procesos judiciales.

En el ejercicio de las misiones que la Constitución Nacional y la Ley le encomiendan, el Defensor del Pueblo de la Nación podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier tipo de investigación.


¿Qué puede denunciarse?

En la Defensoría del Pueblo de la Nación puede denunciarse todo acto u omisión, de autoridades públicas o particulares, que lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes.

Esto contempla cualquier forma de discriminación, inconvenientes con los servicios públicos, violaciones a los Derechos Humanos, seguridad social y empleo, maltrato y mala atención en hospitales públicos, contaminación ambiental, aumentos de impuestos y tarifas, desaparición forzada de personas, corrupción en la función pública, entre otros temas.


¿Dónde pueden realizarse las denuncias?

Las denuncias, quejas o reclamos pueden realizarse:

  • Personalmente:
    Suipacha 365, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
    de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs.
  • Por telefóno:
    desde cualquier parte del país, con el costo de una llamada local al 0810-333-3762
  • Por Web: a través de nuestro formulario online
  • Por correo postal:
    Sr. Defensor del Pueblo de la Nación
    Suipacha 365
    C1008AAG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    Argentina
Todos los trámites son absolutamente gratuitos y no requieren de la asistencia o firma de un abogado.

¿Qué respuestas brinda?

El Defensor del Pueblo de la Nación podrá iniciar y proseguir - de oficio o a raíz de denuncias y reclamos de los interesados - cualquier investigación para esclarecer o rectificar actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Nacional y/o de empresas prestadoras de servicios públicos, aun las privatizadas, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones y que afecten los derechos y garantías e intereses individuales, difusos o colectivos contemplados en la Constitución Nacional y las leyes.

En estos casos, el Defensor del Pueblo de la Nación, se ocupa de orientar, requerir informes y de mediar siempre que corresponda y, a su vez, recomienda a los organismos oficiales y exhorta a las empresas prestadoras a dar una respuesta y esclarecer la situación que dio origen al reclamo.

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