Defensoría del Pueblo de la Nación

Preocupa a la Defensoría del Pueblo de la Nación la violencia contra comunidades indígenas y personas sin techo y trabajo, en la provincia de Salta

Preocupa a la Defensoría del Pueblo de la Nación la violencia contra comunidades indígenas y personas sin techo y trabajo, en la provincia de Salta

La Defensoría del Pueblo de la Nación observa con preocupación el trato que se dispensa, en la provincia de Salta, tanto a comunidades indígenas como a personas que se encuentran sin trabajo y sin techo. La violencia y la brutalidad, la marginación, la expulsión, la denegación de derechos y el abuso de la fuerza son el denominador común en diversas situaciones.

Tal es el caso de los habitantes de El Trementinal, de la Comunidad del Pueblo Ava Guaraní Tape Iguapegui, que ven usurpadas sus tierras, que son de ocupación ancestral, sometidos a diversos hechos de violencia y aislamiento, a quienes les cerraron el paso al río Tarija, encontrándose en un estado de desprotección y abandono.

Así también el brutal ataque perpetrado por la policía contra las familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional, asentadas en terrenos fiscales de los barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad de Salta. 

Tal accionar, llevado a cabo por la provincia, no se encuadra dentro de los principios internacionales de Derechos Humanos, Tratados, Convenciones y todo el marco normativo convencional, así como dentro de los preceptos establecidos por nuestra Constitución Nacional, donde se consagran los derechos y garantías de todas aquellas personas que habitan el suelo argentino. 

Estas prácticas institucionales van en contra de la construcción de una cultura de Derechos Humanos, vinculada con el trato justo y equitativo, en pie de igualdad, que favorezca la inclusión social y la ampliación, promoción y protección de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.
 
En virtud de lo descripto precedentemente solicitamos a la máxima autoridad de la provincia de Salta a no continuar con este tipo de medidas que se consideran inadmisibles, señalando enfáticamente que todas las personas, instituciones, incluido el propio Estado, están sometidos al cumplimiento de las leyes y debe ser la norma rectora que guíe el accionar de todo funcionario, así como la necesidad de elevar la observancia de las pautas sobre derechos humanos en las prácticas de las fuerzas de seguridad y el cumplimiento de los estándares de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

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