La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) definió parámetros de actuación para facilitar la atención sanitaria en cárceles ante casos de COVID 19
A última hora del día de ayer, por Acordada 9/20, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) definió parámetros de actuación para guiar la intervención de los jueces federales frente a los “enormes desafíos” que plantea la emergencia carcelaria formalmente declarada en marzo de 2019 y la pandemia de Coronavirus (COVID-19).
14 de abril de 2020
En línea con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, la CFCP recomendó la adopción de medidas alternativas al encierro para aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de COVID 19.
Tomando especialmente en cuenta las propuestas realizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la CFCP recomendó adoptar estas medidas, de manera excepcional mientras dure la emergencia sanitaria, respecto de mujeres embarazadas o madres alojadas con niñas y niños, personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH; así como para personas que estén próximas a cumplir condenas o estén procesadas por delitos leves o no violentos, entre otros supuestos.
La CFCP hizo especial referencia al Comunicado 66/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo recuerda a los Estados su especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad. Ello implica que deben respetar la vida e integridad personal de este grupo vulnerable, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. En tal sentido, la CIDH señala “Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas”.
