Restricción en acceso al beneficio de Asignación Universal por Hijo a personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios provinciales
29 de junio de 2011
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha recibido quejas de progenitores de niños, niñas adolescentes y discapacitados, respecto a la imposibilidad de percibir la Asignación Universal por Hijo, por encontrarse uno de ellos privados de la libertad en un establecimiento penitenciario provincial, aún cumpliendo con los requisitos para percibir el beneficio y perteneciendo a un grupo vulnerable.
La normativa vigente exige como único requisito para acceder al cobro, la presentación del certificado oficial extendido por el Responsable de la Unidad Penitenciaria donde se encuentre detenido, sin consideración alguna respecto a la jurisdicción. Ello, independientemente del lugar donde resida el preso, no puede estar sujeto a la jurisdicción penitenciaria (Federal o Provincial). Excluir a titulares del beneficio, por encontrarse alojados en servicios penitenciarios provinciales, resulta injusto.
Desde la óptica de la protección social debe prevalecer un criterio inclusivo, tendiente a mejorar la situación de vulnerabilidad de los casos en crisis, respetando el espíritu del decreto 1602/09 quereglamenta los alcances de la Asignación Universal.
Por esta razón, resulta urgente la implementación de mecanismos que posibiliten la inclusión y justicia social, siendo que una sociedad más justa se construye a partir de la equidad. Y en este pensamiento, el Defensor del Pueblo recomendó a la ANSES, que arbitre las medidas necesarias a efectos de cesar en la restricción del acceso al beneficio.
"Posibilitar la percepción de la Asignación Universal por Hijo, a todos los niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos progenitores se encuentran privados de la libertad, condenados o procesados en Unidades o complejos del Servicio Penitenciario sin distinción de jurisdicción, es dar cumplimiento efectivo al rol del Estado como articulador social, protegiendo a las familias y garantizando los derechos de salud y educación de todos sus beneficiarios".
La normativa vigente exige como único requisito para acceder al cobro, la presentación del certificado oficial extendido por el Responsable de la Unidad Penitenciaria donde se encuentre detenido, sin consideración alguna respecto a la jurisdicción. Ello, independientemente del lugar donde resida el preso, no puede estar sujeto a la jurisdicción penitenciaria (Federal o Provincial). Excluir a titulares del beneficio, por encontrarse alojados en servicios penitenciarios provinciales, resulta injusto.
Desde la óptica de la protección social debe prevalecer un criterio inclusivo, tendiente a mejorar la situación de vulnerabilidad de los casos en crisis, respetando el espíritu del decreto 1602/09 quereglamenta los alcances de la Asignación Universal.
Por esta razón, resulta urgente la implementación de mecanismos que posibiliten la inclusión y justicia social, siendo que una sociedad más justa se construye a partir de la equidad. Y en este pensamiento, el Defensor del Pueblo recomendó a la ANSES, que arbitre las medidas necesarias a efectos de cesar en la restricción del acceso al beneficio.
"Posibilitar la percepción de la Asignación Universal por Hijo, a todos los niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos progenitores se encuentran privados de la libertad, condenados o procesados en Unidades o complejos del Servicio Penitenciario sin distinción de jurisdicción, es dar cumplimiento efectivo al rol del Estado como articulador social, protegiendo a las familias y garantizando los derechos de salud y educación de todos sus beneficiarios".
