Defensoría del Pueblo de la Nación

Informe especial sobre Seguridad Vial en Argentina

Cuadros del Informe en formato PDF.
Resoluciones vinculadas al Informe en formato PDF. PRESENTACION
El Defensor del Pueblo de la Nación, catorce Organizaciones de la sociedad civil, la Organización Mundial de la Salud y distintas instituciones públicas han elaborado el presente informe que trata de los por qué de la siniestralidad vial y de sus consecuencias.
De por qué es una endemia social violenta, no accidental, que no se origina ni en el azar ni tampoco en el error casual. Que es previsible y por lo tanto prevenible.
De por qué es una variante sutil de la inequidad social y de cómo el Estado a través de los años se ha transformado en uno de los principales responsables de las colisiones de vehículos a motor, demostrando que su incapacidad de acción deviene antes, de la "intoxicación burocrática" que lo paraliza que de la falta de instrumentos legales y presupuestarios para actuar.
De por qué la falta de reconocimiento de la sociedad de su propia y directa corresponsabilidad contribuye a negar y aumentar esta suerte de inmolación social que permite estimar que en la próxima década Argentina seguirá ubicada entre los países con alta incidencia de muertes por hechos del tránsito.
Finalmente, se presentan propuestas concretas para abordar soluciones posibles e inmediatas y también otras a largo plazo.

RESEÑA DE OBSERVACIONES
La palabra "accidente" es una barrera para enfrentar la problemática del tránsito.
La palabra "accidente" connota hechos imprevistos y azarosos. Su utilización es una barrera para la comprensión acabada de la problemática de las lesiones y muertes en ocasión del tránsito.
Argentina sufre una "endemia" de siniestros viales.
Miles de muertes, lesiones, discapacidades y otros costos en salud, imponen la necesidad de tratar esta cuestión bajo la perspectiva de la salud pública. En este sentido, es necesario trabajar fuertemente en el área de la prevención de la producción de siniestros viales y en la disminución de su gravedad.
Grandes costos económicos y sociales podrían disminuirse considerablemente a través de una política preventiva.
Se estima que, en conjunto, el costo económico anual de los siniestros viales en los países en desarrollo es del 1.5 del PBI, según lo informa la OMS. Además, existen costos que son inestimables (estrés social, daño psicológico, pérdida de productividad, etc.), pero que deben ser valorados conceptualmente.
Las consecuencias de la violencia en el tránsito afecta a todos pero perjudica desproporcionadamente a los sectores vulnerables.
Los sectores económicamente desfavorecidos, los jóvenes, los ancianos y las personas que sufren discapacidades, deben recibir especial protección. Son necesarias políticas que tiendan a la equidad social, como por ejemplo las que disminuyan las barreras de acceso a la justicia ante hechos del tránsito causantes de daños.
La unificación de las normas y clarificación de las responsabilidades en materia de seguridad vial es fundamental.
La dispersión normativa, jurisdiccional y orgánica que existe en esta materia, en nuestro país, impone que se haga un esfuerzo significativo para lograr unicidad, coordinación, cooperación de los organismos responsables.
La información nacional de siniestros e infracciones debería estar preservada y sistematizada.
El Registro de Antecedentes del Tránsito que tiene la función de unificar la información nacional total sobre siniestralidad vial e infracciones de tránsito. Ello permitiría generar información oficial fidedigna. Este sistema debe ser puesto en marcha en forma integral sin dilaciones.
Es esencial que nuestro país tenga una política nacional para combatir la inseguridad vial.
Hasta la actualidad la problemática de la seguridad vial no ha sido una cuestión relevante para la agenda del Estado. La única solución para esta realidad es que se formule y ejecute un plan estratégico con continuidad temporal y sistemas de evaluación de resultados, la cual deberá ser ejecutada en los tres niveles jurisdiccionales.
La educación vial actualmente no se brinda en forma integral.
La educación vial, hasta ahora marginal, deberá ser incrementada en todos los niveles de instrucción y también llegar a quienes no se encuentran en la comunidad educativa.
El control debe ser intensificado para lograr el cumplimiento de la Ley y la superación del permanente estado de anomia.
La educación debe ser complementada con la actividad de fiscalización del Estado. La sanción a los infractores tiene un sentido de protección inmediata de los usuarios de la vía pública y coadyuvará a modificar la conducta social que hoy es anómica.
Se observan graves incumplimientos en materia de infraestructura vial.
Las empresas concesionarias de corredores viales y ferroviarios y los entes nacionales, provinciales y municipales competentes deben asumir su responsabilidad en materia de infraestructura vial y orientar sus acciones a la obtención de vías de circulación, intersecciones y cruces peatonales seguros.
Los peatones, conductores y el sector privado tienen un grado de responsabilidad respecto de la inseguridad vial.
En esta materia, la atribución de las responsabilidades compartidas, es fundamental para atacar el problema desde sus raíces. Toda la sociedad y, dentro de ella, todos los sectores hemos construido esta situación anómica y por ello es imperativa la amplia participación social en la planificación de las acciones para brindar seguridad al traslado de vehículos y personas.

MEDIDAS Y ACCIONES PROPUESTAS
De las observaciones realizadas se concluye la necesidad de que el Estado a través de sus órganos y entes competentes arbitren ciertas medidas y acciones, las cuales se proponen a continuación:
a) Evaluar la conveniencia de declarar la emergencia vial, alertando a todos los organismos competentes y entes comprometidos, coordinando sus acciones en un plan estrictamente coyuntural a fin de brindar protección inmediata de los usuarios de la vía pública.
b) Formular un acuerdo nacional, siguiendo el modelo de federalismo de concertación, mediante el cual se instituya una AUTORIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, cuya misión exclusiva sea la formulación, implementación y evaluación de un PLAN ESTRATEGICO NACIONAL de SEGURIDAD VIAL.
c) Instituir un plan estratégico con los siguientes objetivos prioritarios: I) unificación y sistematización legislativa, informativa y funcional; II) unificación de criterios en materia de control de infracciones; III) verificación técnica vehicular regular a la totalidad del parque automotor usado, en todas las jurisdicciones; IV) racionalización y unificación de criterios para el otorgamiento de licencias de conducir en base a los antecedentes de infracciones; V) fuerte incremento de la educación vial disminuyendo las divergencias interjurisdiccionales e incorporando la escuela de conductores; VI) plan infraestructural; VII) control del uso del cinturón de seguridad en tráfico urbano y rural, del seguro contra riesgos y de los dispositivos de seguridad obligatorios; VIII) fijación de metas concretas para el corto, el mediano y el largo plazo; IX) implementación de un sistema de evaluación que permita mensurar en cada plazo los efectos de la política desarrollada.
d) Poner en funcionamiento, en forma integral, el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito como sistema de unificación de información y estadística.
e) Instituir un sistema nacional de asistencia legal a la víctima de hechos del tránsito, enfocado al acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
f) Incrementar la actividad de educación vial sistemática y asistemática.
g) Intensificar la supervisión sobre los organismos competentes a fin de que éstos incrementen la fiscalización sobre las empresas concesionarias, personas prestatarias y organismos ejecutores, con el objeto de maximizar el cumplimiento de las normas de seguridad y proveer condiciones adecuadas de protección de los usuarios.
h) Considerar la declaración de los traumatismos por causa del tránsito como una endemia social, incorporando la cuestión a la planificación sanitaria.
i) Incrementar la divulgación acerca de la prevención de lesiones por causa del tránsito como una cuestión de salud pública.
j) Ejecutar, en forma intensiva, las facultades de control de infracciones de tránsito, aplicando en forma estricta las sanciones previstas.

Informe especial en formato PDF.


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