Defensoría del Pueblo de la Nación

El presente informe se incorpora a la actuación Nº 3084/06 y constituye una parte de la investigación general sobre USO SUSTENTABLE DE LA TIERRA que se lleva adelante en la actuación Nº 6062/03. Las consideraciones que seguidamente se efectúan resultan ser la conclusión preliminar -ya que la investigación continua- originadas en las denuncias y hechos que más abajo se describen.

Consideraciones de esta Defensoría.
Como podrá observarse a continuación por los testimonios recogidos por funcionarios de esta defensoría en el campo, existe un conjunto de problemas que son comunes a los habitantes rurales del arco geográfico que abarca desde el Nordeste, Norte, Noroeste, Oeste de la Provincia de Córdoba, en sus límites con las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, la Rioja y San Luis, sobre los departamentos de Rio Seco, Tulumba, Ischilin, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, región que se había caracterizado por la riqueza de la biodiversidad de sus bosques nativos.
a) Al igual que en otras provincias, las nuevas tecnologías y la demanda del mercado mundial hacen que estos montes nativos, anteriormente de escaso valor empresarial (como no fuera para la explotación maderera tradicional), cobren en la actualidad gran importancia económica por la vía de la explotación intensiva previa la tala, a veces indiscriminada, provocando la aparición de muchos interesados en esas tierras antes despreciadas. Recuérdese que el alerta sobre la tala indiscriminada del bosque nativo fue dada en su oportunidad por la propia Dirección Nacional de Bosques del la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el mes de abril del año 2004.
b) Por lo común los pobladores rurales de estas regiones, llamada frontera agrícola, son poseedores ancestrales sin documentación pública que los acredite, por lo que la Provincia ha dictado la Ley 9150 que " se refiere al saneamiento de los títulos de propiedad para obtener el registro real de dominio y al relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles urbanos, rurales y semi rurales ubicados en el territorio provincial"
c) Sin embargo, según la denuncia del Movimiento Campesino de Córdoba, se habrían presentado más de doscientas solicitudes de registro, las cuales no habrían sido resueltas por la autoridades competentes, siendo que la ley prevé un presupuesto para realizar las mesuras pertinentes.
d) Esta situación de indefinición jurídica y catastral, sumada a otras, sería aprovechada por empresarios particulares, con una metodología consistente en comprar tierras que teóricamente aparecerían como deshabitadas y accionar judicialmente sobre los poseedores reales bajo la acusación de intrusos.
e) La práctica generalizada -y observada por funcionarios de esta institución- de demoler las viviendas simultáneamente con el acto de desalojo, parecería estar destinada a borrar toda huella de antigua posesión y actividad productiva sobre el terreno en disputa.
f) A ello se le agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la justicia, sea por desconocimiento de los mecanismos legales, sea porque es muy difícil conseguir abogados que los defiendan o sea por carecer de dinero para el pago de las tramitaciones judiciales. No en vano el gran reclamo es: "queremos justicia".
g) Los campesinos manifiestan carecer de protección de las autoridades de la Provincia, expresando que sólo se protegen a sí mismos por medio de las asociaciones civiles que se describen a lo largo de este informe.
h) Asimismo, la acción de desalojo vía judicial, en muchos casos se combina con el procedimiento de acorralamiento -similar al observado en el informe sobre Santiago del Estero- consistente en apropiarse de las tierras, alambrar de modo tal de cercar las viviendas de los poseedores con promesas verbales de dejar pasos y hasta conceder pequeñas parcelas para uso doméstico. Además se denuncian graves amenazas y agresiones verbales y físicas de parte de civiles armados o la quema de cercos y sembradíos y la matanza de animales como modo de hostigamiento para que, agobiados, los campesinos terminen por vender su posesión y radicarse en la ciudad.
i) Por otra parte, según los dichos de los demandantes, surgiría la práctica de un injusto sistema de distribución del agua en beneficio de los empresarios que perjudicaría seriamente a los sectores más vulnerables y acarrearía serios problemas para la salud de la población. A ello se le suma el deterioro alarmante de los servicios de salud pública sólo aliviado en parte por la propia acción social de los pobladores mediante sus asociaciones civiles.
j) Por último, no menos graves son las consecuencias socioeconómicas y ecológicas de la tala indiscriminada del bosque nativo, vital para el mantenimiento de la biodiversidad, y la tendencia a la monoproducción con los riesgos que ello implica para la soberanía alimentaria.
Hechos y situaciones observados y/o denuncias ratificadas in situ por funcionarios de esta defensoría, los días 12, 13 y 14 de julio de 2006.

1.- Paraje Las Maravillas, localidad Puesto de Castro, Departamento de Tulumba (denuncia a fs. 12).
En este sitio tuvo lugar, dos años atrás, el violento desalojo, con la destrucción de la vivienda de Doña Ramona Bustamente y su hijo. Estos hechos fueron de notorio conocimiento público en el ámbito de la provincia y resto del país (Actuación Nº 435/04). En dicho lugar los miembros del Movimiento Campesino de Córdoba han construido, para ambos afectados, una vivienda extremadamente modesta para reemplazar la carpa en la que se habían instalado después del desalojo. Allí se concentró un grupo de campesinos pertenecientes a parajes vecinos, a los efectos de corroborar ante funcionarios de esta defensoría las denuncias, y agregar otros hechos y más personas afectadas. En ese cometido informaron que en dicha localidad convivía, como poseedores intemporales, un grupo de familias que, desde hace unos cuatro años, según los denunciantes, empezaron a sufrir diversas presiones a partir de que tres empresarios habrían usurpado 300 hectáreas que les corresponderían registrar a los campesinos, según la ley Provincial 9150. Estos empresarios procedieron al desmonte y a la producción de monocultivos por medio de alta tecnología. En efecto, los funcionarios pudieron observar hacia otro lado del camino vecinal, esos campos de viejos bosques nativos, convertidos en un mar verde. Además los empresarios iniciaron acciones judiciales contra los habitantes aprovechando la falta de titularidad de las tierras, y simultáneamente, según los campesinos, procedían a la matanza de animales, cierre de caminos vecinales, corte del acceso de las familias entre sí y con los centros educacionales y sanitarios, de modo tal que distancias para las que antes se necesitaba andar un par de Km. hoy son necesarios diez o quince Km. por el obligado rodeo. Asimismo los empresarios habrían ofrecido a las familias residentes -con la intervención del jefe comunal- ubicación en la ciudad y planes Jefas y Jefes, etc. Algunos campesinos desanimados aceptaron y hoy sufren las penurias de la pérdida de su identidad cultural en la marginación ciudadana, además de agravar su propia situación y aumentar la población en condiciones paupérrimas. Otros resisten y se mantienen en el lugar. Tal es el caso de Doña Ramona Bustamante, quien relató su vía crucis desde que, por una orden judicial, fue literalmente arrasada su vivienda. Después de recoger los testimonios de los presentes, los funcionarios actuantes se dirigieron hacia las ruinas, a unos cincuenta metros de la actual vivienda, y se pudo observar los escombros de lo que fuera una modesta casa de mampostería y losa cerámica, baño, cocina, horno a leña, arrasado por una topadora. Incluso es dable apreciar en detalle el pozo de agua en el que se habrían arrojado todo tipo de residuos y hasta gas oíl con el objeto de inutilizarlo. La autoridad comunal habría ofrecido a Doña Ramona, quien tiene más de ochenta años, una casa para alquilar en la localidad de Puesto de Castro, a lo que la anciana respondió que, además de la precariedad del alquiler y la insuficiencia de un plan Jefas y Jefes, "yo sin el campo no soy", elocuente definición de un sentimiento que no reconoce los valores rentísticos de la economía política. La resistencia de esta anciana y su hijo, apoyados por los campesinos de la zona, ha creado, al parecer, una situación de statu quo en donde el empresario adquiriente ostenta la titularidad por decisión judicial, pero no ejerce la posesión efectiva, por lo tanto no ha avanzado en la explotación del campo. Doña Ramona Bustamente, comentó que ella se había enterado que el empresario habría dicho que va "a esperar que se muera la vieja", ante lo cual ella piensa muy decidida, "pues que no le voy a dar el gusto".
Por otra parte, tanto Doña Ramona como los demás vecinos, hicieron observar con atención a los funcionarios de esta defensoría el estado de los árboles aledaños a los campos desforestados y sembrados con aplicación de biotecnología. Sin perjuicio de mejor opinión de un experto en botánica, a simple vista se puede notar una flora deteriorada, hojas medio marchitas y raleadas. Según los campesinos el rendimiento de los frutos (alimentos sustancial de personas y animales) ha disminuido notablemente y todo ello se atribuye a las fumigaciones con glifosato u otros agroquímicos en los sembrados vecinos. La pregunta generalizada es en cuánto podría afectar tal contaminación a los seres humanos.
En este encuentro estaban las siguientes personas en representación de las comunidades de Las Maravillas, Puesto Castro, Isla Larga, Encrucijada, El Naranjo, La Victoria, Campo Grande, Los Pozos y El Zapallar: Ramona Orellano de Bustamante, Orlando Bustamante, Mercedez Calderón, José Cayetano Rojas, Segunda Rodríguez, María Elena Ramírez, Flora Moyano, Lucía Correas, Gregorio Díaz, Mabel Roldán, Ubaldo Rodríguez, Azucena Mendoza, Analía Mendoza, expresando las necesidades generales de unas 500 familias de la región.

2.- La Rinconada, paraje Los Eucaliptos, próximo al Río Dulce, departamento de Río Seco (denuncia fojas 14), donde se reunió un numeroso grupo de vecinos del lugar. La gente había llegado desde distancias de diez, quince o veinte km. a caballo o en volantas y varias personas lucían sus ropas domingueras como elocuente consideración a la visita del funcionario de la Defensoría del Pueblo y a la importancia del acto. Según los testimonios recogidos, allí el conflicto empezó pocas semanas atrás, cuando apareció en la región un señor de apellido Fritzeler que dijo poseer unas 23.000 hectáreas, las que ha alambrado con una disposición tal que, según pudieron observar los funcionarios, deja las siguientes consecuencias: por un lado unas treinta familias quedaron dentro de los limites alambrados, por lo tanto bloqueados los caminos entre sí y hacia afuera y con tierras para pastoreo de sus animales cada vez más reducidas. Por otro lado a las familias que han quedado al oeste de las alambradas se les ha cortado el paso hacia el Río Dulce, sitio donde deben llevar a abrevar al ganado. Algunas familias ubicadas dentro del radio alambrado, poseen títulos de propiedad, otras derecho de posesión. La situación presenta, además, el extraño hecho en el sentido que tal supuesta propiedad del adquiriente estaría asentada catastralmente en el Registro de la Propiedad de Santiago del Estero, siendo que esos sitios son indudablemente territorio cordobés. Por su parte los vecinos reclamantes han formulado las denuncias en Sebastián el Cano, departamento de Río Seco, Pcia. de Córdoba. La policía trasladó las actuaciones a la Fiscalía de Dean Funes donde se sustancia la causa.
Escuchando a los presentes y observando las condiciones del lugar puede percibirse una situación de extrema tensión de impredecibles consecuencias, toda vez que esa es una región de escasa agua de calidad y, por lo tanto, todo impedimento al acceso al agua potable es una cuestión de vida o muerte para las personas y los animales. Por otra parte la presencia de civiles armados, quienes amedrentarían y hasta habrían golpeado a los campesinos, -siempre según las exposiciones recogidas allí-, para proteger las tareas de alambrado, agrega obvia conflictividad a la zona. Se denuncia también la construcción dentro del predio de una pista de aterrizaje de 1700 m. la que, a simple vista, parecería exceder las necesidades de una avioneta.
Presentes en la reunión representando las comunidades de: Loma Negra, Cardones Altos, Quebrachito, Isla Verde, La Rinconada, Campo alegre, Zapallar, los señores Ramón Galán, Néstor Martinez, Vicente Spindola, Marcelo Silva, Elena Villalba, Juan Barura, María Juárez, María Elena Alvarez, Vicente Vázquez, Silvana Orellana.

3.- El Tuscal, departamento de Tulumba (denuncia a fs.80). En este paraje ubicado en una franja entre las Salinas de Ambargasta y las Salinas Grandes, de tierras áridas de gran salinidad, la comunidad se ha constituido en la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNS), unas 35 familias cuyo problema inmediato principal es el agua para elemental uso doméstico. En las épocas de sequía se reciben, por medio de un vehículo cisterna proveído por la Municipalidad de Mansilla, 15 litros de agua por persona por día. La insólita ironía es que en los organigramas oficiales El Tuscal figuraría como proveído de Agua y Luz. Según los vecinos, el Municipio argumenta que la falta de agua se debe a que el propio Municipio no la recibe desde las represas por deficiencias de las cañerías. Los habitantes de la zona denuncian que, en realidad, tales deficiencias en el acueducto que va desde Quilino a Mansilla, son "pinchaduras", es decir conexiones clandestinas, con las que los empresarios rurales succionan en forma ilegal para sus propias fincas -incluso acumulando en represas particulares- agua que es de uso público. Agregan que la situación es conocida tanto por la autoridad del agua de la Provincia, DIPAS, (Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento) como por la Cooperativa de Agua de Quilino y la Municipalidad de Mansilla. Se organizó la Asamblea del Agua de la localidad de El Tuscal y los afectados hicieron gestiones ante de DIPAS, al principio los funcionarios se negaron a recibir a los representantes de la Asamblea, finalmente los recibió un funcionario de apellido Gioveni, quien les informó que la DIPAS se proponía reparar el acueducto y habría aprobado un proyecto de conducto desde Mansilla a El Tuscal. Cabe señalar que la distancia es apenas unos 18 km. por lo que se trata de una tubería que no representaría un alto costo como obra pública. Sin embargo hasta el momento la situación sigue sin resolverse y los habitantes, especialmente las niñas y los niños, carecen de este vital elemento para la vida y que, en lo inmediato, los pone a merced de cualquier epidemia (Se denuncia que ya hay casos de diarrea infantil e hidratidosis), situación esta que de confirmarse constituiría una lisa y llana violación a los derechos humanos. A todo esto se agrega la denuncia de falta de acceso a la Justicia frente a la tendencia a la concentración de la tierra que van cercando los espacios de producción comunitaria en la zona de las Salinas de Ambargasta.
En esta reunión estaban presentes en representación de la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNS), Argentina Espíndola, Rafaela Espíndola, Jesús Ramírez, Guillermo Díaz, Miriam Zapata, Marisa Díaz, Javier Zapata, Rafaela Juárez, Nora Ramírez, Nancy Osona, Olga Lesta, Rosa Zapara, Romina Ramírez, y Enrique Zapata, Luisa Rodríguez, Juana Molina, Tamara Fernández, Yamila Soledad Fernández, Daniel Fernández todos ellos habitantes de El Tuscal. (Cuyas firmas constan a fjs. 81)

4.- El Simbolar y Esquina de Alambre, en el límite entre los departamentos de Ischilin y Cruz del Eje (denuncia a fs. 24).
En este paraje, en el patio de una vivienda precaria levantada en terrenos de unos parientes, se habían reunido un grupo de familias que habrían sido desalojadas violentamente de sus casas, acompañados de otros habitantes de la región que deseaban presentar sus quejas al Defensor del Pueblo. En efecto, según el relato, el 31 de marzo del corriente fueron desalojadas ocho familias, quince adultos y una veintena de niños y niñas. A las 10 de la mañana, siempre según estos testimonios, se presentó en la finca una comisión compuesta de unos veinte efectivos de la policía federal, cuatro policías provinciales, algunos civiles trabajadores, el Juez de Paz, Sr. Ramón Luna de un paraje denominado "Chuña" ( según afirman los vecinos sito a más de treinta km.), un abogado de apellido Attia y otra persona que sin dar nombre se habría identificado como "Juez". El personal policial habría ingresado en los hogares sacando a la fuerza a los habitantes, varones, mujeres y niños con inusitada violencia y agresiones verbales. La familia Rivero Nieto, por ejemplo, afirma que intentó pasivamente resistir dentro de la vivienda pero cuando la topadora empezó a hacer crujir la casa tuvieron que abandonarla. Es de destacar el hecho que en el acto mismo de proceder al desalojo de las personas se procedió a demoler la vivienda, en todos los casos, al parecer con la utilización de los recursos públicos puestos al servicio de intereses privados. Particular relieve se pone en el caso de la señora Elsa Pérez, en el que se afirma que el abogado de nombre Attia la habría obligado a firmar un papel bajo la custodia-amenaza del agente de policía de la Provincia de nombre Nicolás Heredia, quien portaba un revólver en la mano. Asimismo se pone el acento en el caso del Sr. Sixto Pérez, en el operativo que habría sido dirigido personalmente por el propio Juez de Paz, Sr. Ramón Luna, quien habría expresado "mis tierras son mis tierras y la casa llévensela a la mierda", apoyado por el citado agente Heredia con el arma de fuego en la mano, mientras la topadora hacia su trabajo.
Desalojadas las familias, en los días siguientes se habría limpiado el sitio de escombros sepultando todo lo que no había sido recogido y se habrían arrasado con arado los cultivos de algodón, cebolla y alfalfa a punto de ser cosechados. Los perjudicados afirman que nunca habían sido notificados de las acciones legales que culminaron en el desalojo. En la visita a los predios los funcionarios de esta defensoria pudieron observar la destrucción de huertas, frutales y sembrados recientes, corrales, pequeñas represas y demás instalaciones agrícolas, ladrillos preparados para su cocción, diversos objetos domésticos, restos de cama de niños, colchones, utensilios, herramientas, ropa, etc, semienterrados durante el aplanado del terreno donde evidentemente había habido viviendas, a pesar de que los escombros correspondientes a las construcciones habían sido retirados con pulcritud.
Los vecinos relatan que al haber sido expulsados de sus casas, los afectados se refugiaron de la persistente llovizna durante tres días debajo de unos olivares, mientras las maquinas continuaban aplanando el terreno, al parecer con la intención de borrar toda huella de presencia habitable. Durante el operativo el Juez de Paz Ramón Luna habría ordenado a la policía alejar de las casas derrumbadas a los periodistas de Crónica y La Voz del Interior, bajo amenaza de detención (ver fs 26).
Acabadas estas tareas de borrado de restos habitacionales, según los denunciantes, el Juez de Paz y los empresarios propusieron negociar. Los desalojados pidieron por lo menos levantar la cosecha, cuestión esta que implicaría un significativo ingreso inmediato de dinero. El empresario condicionó tal permiso a que los afectados firmaran un documento renunciando a todo derecho o acción legal sobre las tierras. Asimismo, Luna habría informado que actuaba ejecutando un oficio del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba a cargo del Juez Federal Ricardo Bustos Fierro en el marco de un interdicto de recobrar como medida cautelar. Sin embargo los desalojados estiman que no corresponde a interés federal y aseguran que no se les entregó oficio alguno.
Por otra parte los asesores legales del Movimiento Campesino sostienen que los procesos adolecen de irregularidades, como por ejemplo, disponer desalojos y destrucción de sembrados, viviendas y bienes con medidas cautelares, sin sentencia. A tal efecto, se afirma que se han hecho las presentaciones judiciales pertinentes. En este punto del relato es posible observar que esta actitud, consistente en arrasar literalmente viviendas y bienes muebles para luego intentar negociar cuando todo está destruido, poniendo a una de las partes en situación de extrema debilidad, como se dice, ante la espada y la pared, parecería un evidente síntoma de que los procedimientos adolecerían, en efecto, de graves irregularidades. Ello, cuanto que, como puede verse a lo largo de todo el informe, constituye un modus operandus sistematizado que pareciera seguir precisas instrucciones. Esta sensación de irregularidad jurídica se vería confirmada también por las declaraciones que habría efectuado, el señor Isaac López, presidente de la Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Títulos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia, quien habría planteado sus dudas sobre la medida tomada por el Juez Federal, debido a las marcadas contradicciones entre lo que emana de las constancias judiciales y los dichos de las familias afectadas. Este funcionario habría emitido un dictamen a propósito (fs. 26 a 29).

5.- En el mismo sitio se reciben las siguientes denuncias:
En la localidad de San Antonio, Cruz del Eje, ruta 183, un empresario habría adquirido 90 hectáreas, sin embargo tendió alambrados por unas 500 hectáreas, invadiendo posesiones ancestrales, cerrando caminos vecinales y agrediendo a las familias residentes en la zona, quemando cercas, hostigando y amenazando, además de matar animales. La comisaría local no tomaría las denuncias de los agredidos.

6.- En la localidad de Tres Arboles, Departamento de Cruz del Eje, los señores Marcelo Agüero y Ramón Paredes, pobladores del paraje en donde habitan y explotan el campo seis familias, expresan que habrían llegado a sus tierras policías uniformados acompañando a agrimensores que se proponían realizar mensuras para próximos alambrados. Los poseedores de las tierras no los dejaron entrar y en consecuencia propusieron negociar. La situación actual es de extrema tensión.
Se denuncia también que un vecino, al parecer relacionado a estos agrimensores, cortó alambradas existentes propiedad de los campesinos, "echó hacienda" en los campos de los denunciantes y puso de guardia a un ex policía armado, quién disparó en diversas oportunidades argumentando intrusión dentro de su propiedad, incluso habría disparado al padre de Arturo Agüero, de 79 años. Se radicaron las siguientes denuncias en la comisaría de Villa de Soto: 155/05, 14/04/05 Rosario Y Bernardo Agüero por corte de alambradas. 293/05 01/08/05, Arturo Agüero por Agresión armada. 34/06 27/01/06 Claudio Aguero por agresión. 221/06, 20/06/06, Rito Agüero por agresión mediante rebenque.

7.- En el mismo paraje denuncia Pedro Godoy, las agresiones de Víctor Manuel Gómez, avanzando sobre sus campos, sobre los que los poseedores mantienen juicio de posesión en los tribunales de Cruz del Eje. El agresor "anda armado", según los denunciantes, mata sus animales y realiza constantes amenazas. Se hicieron las correspondientes denuncias pero la queja de los vecinos es la falta de acción de la Justicia.

8.- En el paraje denominado Iglesia Vieja, entre Paso Viejo y Serrezuela, departamento de Cruz del Eje (denuncia fs. 18), precisamente en la iglesia, una vieja construcción de austeridad franciscana, esperaban alrededor de unos cincuenta campesinos, varones mujeres y niños, miembros de la Asociación Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC), advertidos de la visita del funcionario de la Defensoría del Pueblo. Sobre la paredes habían fijado unos pliegos de papel en los que se anotó la descripción de la situación local (constan en anexo del cuerpo principal de esta investigación). Esta región ocupa la cuenca del Río Pichanas, el cual es la vida del lugar. Según lo informado, tradicionalmente existía un sistema de riego por tomas desde Sachamuyo hasta el norte de Serrezuela, sobre una región en la que habitaban entre 700 y 800 familias que cultivaban maíz, algodón, alfa, trigo, comino, porotos, arvejas, maní, papas, batatas, garbanzos, azafrán, zapallos, hortalizas varias, cítricos, nogales (observesé la notable variedad de producción para consumo humano). Aún con ese mecanismo primitivo de distribución por turnos, los campesinos aseguran que el agua cubría todas las necesidades y llegaba a más de cincuenta km. al norte de Serrezuela.
En 1978, en los años de la Tiranía militar, se construyó el dique Pichanas, se dividió el río en margen derecha y margen izquierda. En 1983/87 se canalizó y revistió la margen derecha. Al mismo tiempo se expropiaron las tierras del margen derecho, localidad de Paso Viejo, que se mantenían improductivas, y se las parcelaron para un proyecto de colonización consistente en facilitar el acceso a esas tierras a agricultores de la zona, para que, viviendo en ellas como condición ineludible, las trabajaran en forma más productiva mediante las mejoras en el sistema de riego. Con el tiempo y los cambios de gestiones estatales -siempre según los dichos de los denunciantes- se desnaturalizó el proyecto inicial y dichas parcelas no llegaron jamás a manos de los labriegos y quedaron en propiedad de empresarios que no viven el lugar y hoy las explotan con criterios extractivos. Asimismo en el Paso de las Campanas se regula el caudal de agua mediante el azud, de modo tal que por el canal revestido de la margen derecha se provee a ese pequeño grupo de empresarios de la supuesta colonización de Paso Viejo, con el 75 por ciento del agua, mientras que por el canal izquierdo (a la vista del mismo puede considerarse un eufemismo llamar a una indefinida zanja "canal"), las familias tradicionales de pequeños predios de Santa Ana, Tuclame , Las Abras e Iglesia Vieja hasta Serrezuela, reciben -siempre de acuerdo a sus dichos- sólo el 25 por ciento del agua, la mayor parte de la misma se pierde por absorción natural dada la precariedad extrema de esa vía. En cifras concretas presentadas, por la margen derecha canalizada fluyen 4000 metros cúbicos por segundo, mientras por la margen izquierda corren sólo 900 metros por segundo de los cuales apenas llegan 400 debido a las causas señaladas.
Esta abrupta escasez de agua obligó a muchas familias a abandonar la agricultura por impracticable y dedicarse a la pequeña ganadería fundamentalmente caprina, insuficiente para el propio sostenimiento, y en la que la carencia de agua no es problema menor. Muchas familias se vieron obligadas a abandonar la región y sobreviven con planes Jefas y Jefes en Serrezuela y otros poblados. De todos modos, unas cuatrocientas familias se mantienen firmes en sus tierras a pesar de las crecientes penurias. Sea por la fuerza de la tierra, sea por el aleccionador ejemplo de la triste situación actual de quienes les precedieron rumbo al destierro en la periferia de las ciudades, estas comunidades resisten y se organizaron para enfrentar la situación constituyendo la Asamblea del Agua.

9.- Una vez que se hubo dado por terminado este tema, se pasó a la cuestión de la salud (denuncias a fs. 2 a 5), para lo cual los responsables de la comunidad habían preparado similares elementos gráficos que facilitaron la exposición. Se destacan las largas distancias entre las viviendas de los campesinos y los centros de salud, particularmente el hospital de Serrezuela. Al respecto se denuncia el mal trato a los campesinos por parte de los funcionarios de dicho nosocomio y que las ambulancias no van al campo. Existe una red de dispensarios en diversos parajes los cuales están cerrados desde 1994, por falta de personal, ya que al parecer, al municipalizarse el Hospital de Serrezuela, no tiene suficiente presupuesto. Los funcionarios de esta defensoría pudieron verificar in situ los locales abandonados, como se detallará más abajo. Se insiste en la ausencia de todo tipo de medicina preventiva, la no realización de PAP (en este aspecto más abajo se relatará la solución dada por la propia organización) carencia de datos estadísticos disponibles, falta de vacunación, ausencia de especialistas, de dentistas, cobro de aranceles y una denuncia particularmente grave: el hospital de Serrezuela estaría cobrando a los pacientes medicamentos correspondientes al Programa Remediar, que como se sabe, son provistos por La Nación en forma gratuita. Por otra parte se han interrumpido las fumigaciones contra las vinchucas y se manifiesta que ha aumentado el número de infectados por el mal de Chagas.
Los vecinos insisten en recalcar que como resultado de este deterioro o abandono por parte de las autoridades responsables de la salud pública, se registran las siguientes consecuencias: Desnutrición. Muertes por mala praxis. Anemia en embarazadas. Muchos enfermos de Chagas. Hogares con riesgo de contraer Chagas. Alto riesgo de cáncer cervicouterino. Muchas caries y pérdida de dentaduras. Deficiente alimentación. Enfermedades propias de la falta de agua potable, especialmente las infantiles.
Después de esta reunión se realizó una recorrida de alrededor de ochenta km., de caminos de tierra y guadales, por los parajes que constituyen la cuenca hasta el norte de Serrezuela, para observar el abandono de los dispensarios. Como se dijo más arriba constituían una red y se pudo observar los pequeños edificios abandonados, cerrados (en algunos casos reabiertos por iniciativa de los vecinos como se verá mas abajo). Al carecer de personal los afectados tienen que recorrer distancias de veinte a cuarenta km. por caminos de tierra y con los vehículos que dispongan, carros, caballos, bicicletas y eventualmente la camioneta de algún vecino en mejores condiciones.
En este punto de este informe general, es atinado observar lo siguiente: podría decirse que esta minúscula región de unos pocos kilómetros cuadrados y unas quinientas familias, brinda, -no como fenómeno aleatorio, sino como la parte que refleja el todo-, una muestra de la problemática nacional relativo al uso de los recursos, la productividad, la sustentabiliad y sobre todo las consecuencias sociales y ecológicas y, a la vez las reales posibilidades de un desarrollo en la diversidad que no absolutice una sola forma productiva. En efecto, a partir de la realización de una gran obra pública, en este caso un dique, que por si mismo debería traer el beneficio a todos los moradores de la región, se produce una absurda antinomia: sobre la margen derecha, desarrollo, prosperidad, productividad, mercado internacional, divisas, ingresos a las arcas de Estado y�, ausencia de gente; sobre la margen izquierda: improductividad, desempleo, desnutrición, analfabetismo, graves problemas de salud, abandono de la tierra, hacinamiento en las villas periféricas de las ciudades y la paradoja en el sentido que los expulsados de sus tierras, serán mantenidos, malviviendo en las ciudades, con recursos provenientes de las retenciones que el Estado aplica a la riqueza producida por esa margen derecha.
Pues bien, el argumento que suele esgrimirse para justificar esta destrucción de vida y de cultura, es la necesidad que la tierra "rinda" para supuesto beneficio del conjunto de la Nación, y se da el ejemplo del paso de la Edad Media a la industrialización con aquel "necesario" alto costo de millones de campesinos desplazados. Este argumento olvida dos cosas: 1) Que aún dentro de un concepto crudamente economicista, esa masa desplazada pasaba a ser asalariados en la gran industria, en cambio, hoy están condenadas a la muerte social -cuando no biológica- por la inacción pública que los confina a habitar en asentamientos o barrios paupérrimos de las ciudades. 2) Que aquellas terribles condiciones fueron el paradigma de la industrialización, quizás comprensibles en términos históricos, pero de ningún modo asimilables a un presente en donde hoy está planteada la supremacía de los derechos humanos sobre cualquier derecho de carácter crematístico. Así como los pueblos originarios tienen el derecho a mantener su cultura, su identidad, sus propios modos de organización y, en definitiva, su ethos y cosmovisión, estos campesinos tienen el derecho expresado en seis palabras por Doña Ramona Bustamante páginas más arriba "yo sin el campo no soy."
Por otra parte es dable destacar que esta situación, social, sanitaria, educacional, expresada con mayor detalle en el informe sobre este paraje, es representativa de todos los sitios visitados a lo largo de la presente, estaría indicando: a) Ausencia del Estado en todos sus niveles. b) Falta de acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables, con la violación a veces burda, a veces sutil, del principio de igualdad ante la ley y, en consecuencia, la tendencia de la población a resolver por su propia cuenta como se verá en el ejemplo siguiente.
En efecto un grupo de afectados de la región, con la colaboración voluntaria de algunos estudiantes universitarios y profesionales, ha montado un servicio de medicina preventiva consistente en reunir a las campesinas del lugar en parajes previamente convenidos donde se han instalado los elementos indispensables para extraer muestras para el examen de PAP, operación efectuada por médicos y enfermeros voluntarios. Dichas muestras se envían a la ciudad de Córdoba, a la Clínica Junín (institución recuperada, puesta en funcionamiento y administrada por los trabajadores) la que realiza el estudio por un precio simbólico (para mayor abundamiento en el anexo pueden solicitarse un CD con este tema y un DVD con el tema del agua).
Personas entrevistadas en Iglesia Vieja, pertenecientes a la organización APENOC, (Asociación Pequeños Productores Noroeste de Córdoba). Santo Criado; David Sosa, Carina Farías, Carlos Vera, Flavia Rojas, Delia Sánchez, Mónica Maldonado, Alicia Farías, Oscar Farías, Ariel Farías, Elbo Sosa, Segundo Michel Paredes, Elba Bazán, Germán Nicolás Ramos, Gustavo Ramos, Ismael Sanchez, Cipriano Ramos, Raúl Maldonado, Alema González, Cloro Moya, Roberto Ramos, Lindor Paredes, Lucas Paredes, Juan Orzo, Martín Pereyra, Julián Roma.

10.- Paraje Los Medanitos, departamento de Pocho ( denuncias fs. 6 a 11). Llegados a la vivienda precaria de la familia Calderón (precaria a consecuencia del desalojo) esperaban un grupo de campesinos de las comunidades de Las Oscuras, Los Quebrachitos, Las Rosas, La Cortadera, El Quemado y Los Medanitos, nucleados en la organización UCATRAS, (Unión Campesinos Traslasierras). La familia Calderón habría sido desalojada de sus tierras por medio de un violento operativo, similar a lo relatado en los casos precedentes. En esta oportunidad hubo sentencia de desalojo, la que no fue recurrida por el abogado de partes, quien habría abandonado el caso sin avisar a sus clientes. El 6 de setiembre de 2005 habrían llegado al lugar alrededor de diez vehículos, incluido un tractor del municipio de Chancani, y unos sesenta efectivos con pertrechos completos. Según lo informado por los presentes, a las indicaciones del Oficial de Justicia, las tropas uniformadas desalojaron a las personas al mismo tiempo que se procedía a destruir la antena de radio y celular que los vecinos habían instalado para las comunicaciones. Se pudo observar in situ la acción destructiva sobre lo que fuera una sólida casa de gruesas paredes de ladrillos, según usanza de una época. En esta oportunidad no se usó una topadora sino un tractor, según el relato de los vecinos, se amarraron cables de acero a la cumbrera y columnas para que al tirar del tractor se produjera el derrumbe de la vivienda (se pueden ver los hierros de la cumbrera retorcidos), hasta dejar cada una de las instalaciones completamente inutilizadas y sólo restos de paredes a medio derrumbar. Los denunciantes afirman que los muebles y demás pertenencias personales de los habitantes quedaron desparramadas por el patio al ser quitados de las habitaciones por el personal policial sin mayores cuidados y que las autoridades hicieron venir un camión desde Chancaní donde cargaron sin ninguna consideración las pertenencias, las trasladaron por el camino vecinal hasta unos km. de la casa, para luego arrojarlas al costado de la carretera provincial que une Chancaní con Villa Dolores. Según la Señora Calderón, tuvo un duro diálogo con el oficial interviniente, quien, ante la pregunta de porqué se destruían viviendas y bienes muebles que eran de su legitima propiedad, respondió que él (el oficial) tenía su estrategia y ella, (la señora) tenía la suya. Sostiene también la denuncia que estas conversaciones y todos los diálogos cargados de amenazas fueron grabados por los afectados. Sin embargo durante el traslado de los enseres hacia el sitio mencionado, la cinta del grabador desapareció sin explicación. Lo mismo habría ocurrido con una alcancía donde los niños guardaban sus ahorros.
El relato de los hechos continua expresando que con la ayuda de los vecinos se recogieron las pertenencias arrojadas a la ruta y las regresaron a la finca, mientras las fuerzas policiales custodiaban las ruinas de lo que fuera el hogar de la familia. Ésta armó una carpa al borde de la propiedad, en terreno público, y se instaló con el objetivo de resistir con la presencia física para no perder el derecho de posesión. Durante la primera noche, según lo asegurado por la familia y los vecinos, las fuerzas represivas de guardia en el lugar, realizaban todo tipo de intimidaciones, reflectores sobre la carpa, sirenas intermitentes que los hacía despertar sobresaltados, amenazas, etc. Al poco tiempo se convirtió la carpa en vivienda precaria, sin luz ni agua, donde la familia se mantiene instalada desde hace ya diez meses, por cuanto insisten en sus derechos a la titularidad. Cabe apuntar también que a pesar de la precariedad y las necesidades básicas insatisfechas, especialmente habiendo varios niños, y que estos hechos han sido reportados por la prensa, no se ha hecho presente autoridad ni provincial ni municipal alguna para interesarse por la situación inmediata de los damnificados. Paradójicamente el oficial de Justicia habría amenazado a la Señora Calderón con denunciar ante la Justicia de Menores, toda vez que la decisión de la familia de vivir en esas precarias condiciones, sin pensar en los sufrimientos de los menores, podría valorarse como descuido en la crianza de los hijos y ser pasibles de la pérdida de la tenencia para protejerlos.

11.- La Cortadera, departamento de San Alberto (denuncia a fojas 9 a 11), en donde habitan unos 55 familias que viven tradicionalmente del ganado caprino y actividades forestales de pequeña escala, producción de postes, varillas, carbón, leña etc. Al aproximarse a la región puede observarse el avance de la desforestación del bosque nativo incentivado por el corrimiento de la frontera agrícola. Al grave problema de la desertificación, se le agrega el problema ecológico integral y social, ya que en esos bosques viven no sólo diversas especies, las que, acorraladas, tienden a buscar refugio en el pequeño Parque Provincial al pie de la falda occidental de la Sierra de Pocho, con el consecuente hacinamiento, sino también que, como puede comprobarse, vive esta gente, con sus ganados, poseedora ancestral, la que sería acorralada cada vez más sobre sus viviendas para que, mediante esa presión sistemática, abandonen los campos dejando paso a las topadoras. A la precariedad jurídica en lo que hace a la tenencia de la tierra, a pesar de la existencia de las leyes mencionadas, se suma la acción directamente delincuencial de matanza de animales propiedad de los poseedores. Tal es el caso denunciado por los presentes, la matanza de 130 caprinos, 5 porcinos y varios ovinos ejecutada, según los afectados, por el ingeniero Del Pino, asesor técnico de la Empresa Aceitera General Dehesa S.A.; denuncia que se habría efectuado ente la Fiscalía de Villa Dolores. En otro orden de problemas, se señala que el campo denominado "Las Pencas" cuenta con al menos cinco perforaciones clandestinas para obtener agua. Debe tenerse en cuenta que el agua en la zona es escasa, cuestión esta que amerita un cuidadoso y equitativo sistema distributivo que no existe como tal, pero que se realizaba en forma natural ya que el tradicional sistema de pozos de balde, que accede sólo a la primera napa, impidía toda acción de inescrupulosos agiotistas del agua. Por el contrario, estas perforaciones, de mayor profundidad que las utilizadas por los campesinos, succionarían desde el acuífero inferior produciendo una depresión hídrica invisible que dejaría como consecuencia el secado de los pozos y la condena a la sed a los animales de los pequeños campesinos.
A lo largo de los caminos los funcionarios de esta defensoría observaron la acción de las topadoras arrasando el bosque nativo, la instalación de kilómetros de alambradas y la preparación de la tierra para cultivos intensivos (ver fotografías adjuntas) que, como queda dicho reducen palmo a palmo las superficies de pastoreos comunitarios con el consecuente corte de caminos y acorralamiento sistemático. Incluso se pudo observar desde el camino, a través de un claro del monte, la existencia de lo que en toda apariencia sería una represa clandestina de agua, hecho que no se ha podido constatar fehacientemente por no poder acceder a esa propiedad privada. Otra complicación se presenta ante la necesidad de los campesinos del marcado de animales para identificación y registro del ganado, ya que -según la denuncia- las autoridades competentes exigirían, para tal registro, los títulos de posesión de las tierras.
Como se expresó en el caso de la zona de Serrezuela, se confirma además la situación general de falta de asistencia sanitaria y escolar a la población de esta región, que no se detallan por economía expositiva.
En nombre de este grupo de comunidades se entrevistó, además de la familia Calderón a las siguientes personas: Nancy Flores, Aníbal Reynoso, Graciela Ramos, Miryam Reynoso, Rubén Flores, Hugo Palacios, Paola Sigan, Juana Luján, Elena Pereyra, Emilio Cupré, Andrea E. Villareal, Mario Yardo.

Conclusión:
Como en el caso del informe producido sobre la situación en la Provincia de Santiago del Estero, puede observarse esta misma nueva problemática que agrava situaciones estructurales en todo el área rural llamada frontera agrícola, fundamentalmente los restos de los bosques nativos. Y se hace énfasis en la palabra "restos" porque, en rigor, de eso se trata, de restos de lo que fuera una incalculable bioriqueza y, en muchos casos de valiosas especies forestales únicas en el mundo. Como se sabe -y se halla también expresado en el citado informe-, esta problemática es originada por la fuerte disputa por la posesión de nuevas tierras para su explotación extractiva intensa con modernas tecnologías. En tal sentido, la Provincia de Córdoba, en términos relativos, es una de las más afectadas por la desforestación. Se asegura que entre 1998 y 2003 se arrasaron bosques nativos en esta provincia a un ritmo del 2,9 por ciento anual de su superficie, cifra casi sin precedentes a nivel mundial. Fenómeno éste enunciado por la Dirección Nacional de Bosques y registrado a simple vista en el largo recorrido realizado para esta inspección. Kilómetros de pampa lisa en lo que hasta hace pocos años eran bosques nativos de irreparable recuperación. Ahora la frontera se va corriendo hacia la falda occidental de Traslasierras. Al respecto, es elocuente la vista desde la cumbre de la sierra de Pocho, desde donde puede observarse en arco, en todo el valle hacia el noroeste, oeste y sudoeste, hasta donde alcanza la vista, el soberbio espectáculo del bosque nativo y cómo empieza a ser desforestado, asegurada sólo una pequeña reserva en las 4960 hectáreas del parque provincial Chancaní. Por otra parte, como ya se ha señalado, los derechos de los poseedores intemporales, quienes además de ser sujetos de derecho, son los custodios naturales de la preservación de esos bosques, serían vulnerados por las dificultades para el acceso a la justicia por parte de los campesinos, por falta de dinero para pagar sus abogados, por desconocimiento de los mecanismos legales, por la acción inescrupulosa de algunos profesionales, por acción a veces irregular de quienes tienen que administrar la justicia. Y cuando es insuficiente la acción por medio de los recursos legales, se emplearía lisa y directamente la coerción física, por medios privados ilegales (matanza de animales, quema de cercas y cobertizos, abierto robo de agua, agresiones físicas, etc.) o por medio del uso irregular de la fuerza pública.
Las autoridades nacionales y provinciales deben tomar a cuenta que la atracción por estos grandes recursos inmediatos que motiva la explotación irracional, incluso con las mejores intenciones de volcarlos al desarrollo económico social del país, recuerda a la parábola de la gallina de los huevos de oro. A un plazo no lejano el país tendrá que pagar este formidable despilfarro.
Además es posible reflexionar que no se trata de un problema que pueda plantearse como dilema. Debe quedar claro que en el caso que aquí se informa, no se trata de un "fundamentalismo ecologista" que pretendiera reconvertir toda la explotación agropecuaria nacional, de transformar todo el territorio nacional en agricultura orgánica, cuestión esta que, sin perjuicio de opinión sobre ella, a corto plazo sería irrealizable. Se trata de preservar los restos de la auténtica agricultura y de los bosques nativos, como reserva, conservación y desarrollo de una cultura a la que se pueda acudir ante eventuales o previsibles crisis del sistema comercial alimentario mundial, que pudiera afectar la soberanía alimentaria. Se trata, al mismo tiempo, de proteger los inalienables derechos de una parte vulnerable de la población que ha optado por esa forma de vida, como igual derecho de otra parte de la población que desea consumir alimentos producidos de esa manera. Se trata de respeto a la diversidad, una de las bases de los derechos humanos, como factor de desarrollo armónico local y como laboratorios de defensa del medio ambiente. Todos estos elementos hacen de la cuestión campesina (y la expresión "campesino", en este caso, no se refiere a toda la actividad rural, sino a los pequeños productores de la frontera agrícola que así se autodenominan), un asunto de interés nacional, a pesar de que, como población, resulte muy pequeña en el total país y aún pese a ser desestimada por la macroeconomía.
Por otra parte, cuando se expulsa a las familias campesinas de sus tierras se está, además, rompiendo una relación histórica y dialéctica (la constitución del espacio territorial y la de la propia vida) por la cual esos "vecindarios", esas comunidades de serena vitalidad, quedan reducidas a una nada verde, que implica la reducción de nombres, lugares, ritos, que permitieron que esas personas actuaran socialmente en un medio de reproducción de su propia identidad.
En definitiva, esa expulsión importará en la mayoría de los casos un doble daño: a) la condena al anonimato como sujeto de relaciones sociales del campesinado expulsado; b) la transformación del lugar, del "vecindario" como espacio de arraigo y producción de cultura, en un "no lugar" de ostracismo espacial.
El presente informe tiene como objeto poner en conocimiento de las autoridades a las que ha sido dirigido, la situación antes descrita y que, de confirmarse las denuncias, los testimonios y la observación de campo de los funcionarios de esta Defensoría, implicaría la negación de hecho del acceso a la justicia, la violación sistemática de derechos, graves agresiones al medio ambiente, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables de la población, con perjuicios extensibles al conjunto de la Nación y que ameritaría la urgente intervención de las autoridades competentes.